Jalisco.- El presunto fraude cometido por la inmobiliaria AJP, Asesores Jurídicos Profesionales, afectó a mil 332 personas y representa un monto superior a los mil 826 millones de pesos, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.
La dependencia indicó que, como parte de las investigaciones, han sido judicializadas 220 carpetas. Dos personas fueron vinculadas a proceso y permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales también identificó a otras 15 personas presuntamente relacionadas con el caso, contra quienes existen órdenes de aprehensión vigentes. Además, fueron solicitadas 11 alertas migratorias para facilitar su localización y evitar una posible fuga.
Investigan un presunto esquema Ponzi
Las indagatorias comenzaron entre julio y agosto de 2022. De acuerdo con la autoridad estatal, AJP habría operado mediante un esquema piramidal tipo Ponzi, al ofrecer rendimientos mensuales de entre uno y tres por ciento por supuestas inversiones en bienes raíces.
En este modelo, explicó la Fiscalía, los rendimientos prometidos a los primeros inversionistas presuntamente eran cubiertos con el dinero aportado por nuevos participantes, sin una generación real de ganancias derivadas de inversiones inmobiliarias.
El vicefiscal Manuel Alejandro Gutiérrez Bañuelos señaló que, después de recibir las primeras denuncias, fueron cateados tres domicilios relacionados con el caso: dos oficinas de la empresa y la vivienda particular de uno de los presuntos responsables. En esos sitios se recabaron indicios para integrar las carpetas de investigación.
Fiscalía pide revisar ofertas de inversión
La institución recomendó desconfiar de inversiones que prometan rendimientos fijos atípicos o que dependan del ingreso de nuevos participantes. También pidió verificar que las empresas estén registradas ante las autoridades regulatorias.
La Fiscalía invitó a las personas que consideren haber sido víctimas de este u otros esquemas financieros a presentar una denuncia ante la representación social correspondiente.
