Ciudad de México.- La ciudadana Ximena Pichel, conocida en plataformas digitales como “Lady Racista”, se encuentra nuevamente bajo el escrutinio de las autoridades y la opinión pública debido a un presunto desacato a los mandatos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad de México. El periodista de nota roja Carlos Jiménez reveló que las corporaciones de seguridad y procuración de justicia capitalinas buscan revocar los beneficios procesales de la imputada, argumentando que omitió asistir a las terapias especializadas en materia de no discriminación que le fueron impuestas como condición indispensable para suspender su proceso penal.
El origen de este expediente judicial se remonta a los hechos acontecidos el seis de julio de dos mil veinticinco en el exclusivo sector de Santa Fe, donde la implicada y su hijo fueron grabados mientras proferían insultos de índole clasista y discriminatoria en contra de un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La difusión masiva de los videos, en los que se escuchaban expresiones despectivas hacia el uniformado, desató una condena generalizada en redes sociales y motivó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante las constantes quejas de los residentes de la zona por el comportamiento conflictivo de la mujer.
Para evitar su ingreso inmediato a un centro de reinserción social tras las primeras audiencias de julio de dos mil veinticinco, Ximena Pichel se sometió a un acuerdo reparatorio que contemplaba una serie de obligaciones estrictas destinadas a resarcir el daño infligido al servidor público afectado. Entre los compromisos fijados por el juzgador encargado de la causa penal se encontraban los siguientes puntos medulares:
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El pago de una indemnización económica fijada en noventa mil pesos a favor del oficial agredido, la cual se autorizó liquidar mediante mensualidades distribuidas en el periodo de un año.
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La emisión de una disculpa pública formal y presencial hacia el elemento policial, acto que la señalada realizó durante una comparecencia ante el tribunal a finales del mismo mes.
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La realización de jornadas de servicio comunitario a favor de las instituciones locales.
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La asistencia obligatoria a sesiones terapéuticas orientadas a erradicar conductas de discriminación, siendo este último rubro el que originó la actual crisis legal de la imputada.
El presunto abandono de las actividades de concientización y reinserción social ha provocado que el caso sea turnado nuevamente a las salas de oralidad del tribunal capitalino para una audiencia de revisión de medidas. Debido a que el marco legal penal establece la pérdida de los beneficios de libertad condicionada ante el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas firmadas, la representación social insistirá ante el juez de control en la aplicación de la prisión preventiva, colocando a la procesada ante el riesgo inminente de cumplir una sentencia tras las rejas.
