CHIHUAHUA, Chih.— Un excomandante del estado de Chihuahua, actualmente prófugo de la justicia por su presunta participación en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, afirmó que altos funcionarios de Palacio de Gobierno tenían conocimiento previo de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en territorio mexicano.
El señalamiento fue atribuido a un mensaje de texto enviado al diario estadounidense The New York Times, de acuerdo con la información disponible. En esa comunicación, el exfuncionario habría revelado que colaboró con la agencia de inteligencia estadounidense desde 2025.
Al mismo tiempo, el excomandante era investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) debido a presuntos vínculos con cárteles de la droga, según el material original. Hasta el momento no se han precisado públicamente los alcances de esa investigación, los delitos específicos que se le atribuyen ni la situación procesal completa del exservidor público.
La versión tampoco identifica a los funcionarios estatales que presuntamente estaban enterados de las operaciones de la CIA, ni detalla cuándo habrían recibido la información, qué tipo de actividades conocían o cuál habría sido su intervención. Por ello, las afirmaciones deben mantenerse como señalamientos del excomandante y no como hechos acreditados por una resolución judicial.
Maru Campos se deslinda de las declaraciones
Ante la difusión de estos señalamientos, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se deslindó públicamente de las declaraciones realizadas por el exfuncionario.
El material disponible no incluye una cita textual de la mandataria ni una explicación detallada de su postura. Tampoco refiere que el Gobierno del Estado haya confirmado la existencia de operaciones encubiertas de la CIA o el supuesto conocimiento previo de integrantes de la administración estatal.
La información conocida plantea dos líneas distintas: por un lado, la presunta colaboración del excomandante con la CIA y, por otro, la investigación que el FBI habría iniciado en su contra por posibles relaciones con organizaciones del narcotráfico. Aunque ambas agencias pertenecen al gobierno de Estados Unidos, tienen atribuciones diferentes, por lo que la participación de una no confirma por sí misma los señalamientos atribuidos a la otra.
Persisten datos por esclarecer
Entre los aspectos que permanecen sin aclarar se encuentran la identidad del excomandante, el lugar y la fecha del desmantelamiento del narcolaboratorio, las condiciones bajo las cuales habría colaborado con la CIA y los elementos que sustentan la investigación del FBI.
También falta conocer si autoridades mexicanas recibieron alguna notificación formal sobre las supuestas operaciones de la agencia estadounidense y si existe una investigación abierta en México relacionada con las afirmaciones del exfuncionario.
Por tratarse de declaraciones atribuidas a una persona prófuga y bajo investigación, su contenido requiere corroboración independiente. La información proporcionada no menciona documentos judiciales, expedientes públicos o pronunciamientos de las agencias estadounidenses que confirmen su versión.
El caso involucra señalamientos sensibles sobre seguridad, narcotráfico y cooperación entre autoridades de México y Estados Unidos. Cualquier responsabilidad penal o administrativa deberá establecerse mediante investigaciones oficiales y con respeto al debido proceso.
Hasta ahora, la postura pública referida en el material es el deslinde de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. No se reportan respuestas de la CIA, el FBI o autoridades federales mexicanas frente a las declaraciones atribuidas al excomandante.
