Texas, Estados Unidos. Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal contra cuatro personas por su presunta participación en una red de tráfico ilícito de armas y apoyo al Cártel de Sinaloa, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
El principal acusado es Loyd Walter Hall, de 27 años, residente de Amarillo, Texas, quien enfrenta cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, tráfico de armas, posesión de armas durante un delito de narcotráfico, distribución de sustancias controladas para su importación a Estados Unidos y declaraciones falsas en la compra de armamento.
En la misma investigación también fueron acusados Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente en Dumas, Texas; Omar Velásquez, de 44 años, residente de Utah; y Catlynn Ann Townsend, de 29 años, residente de Amarillo. Los tres enfrentan distintos cargos relacionados con la compra y el tráfico ilegal de armas, además de presuntas declaraciones falsas durante la adquisición del armamento.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2024 y 2026, Hall y sus presuntos cómplices mantuvieron contacto con un integrante del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, México, a quien habrían suministrado armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoría para evadir los controles de las autoridades estadounidenses.
La investigación fue encabezada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Amarillo.
Las autoridades estadounidenses señalaron que, de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que van desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de los delitos que se les imputan.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que este caso refleja el compromiso de su gobierno para combatir el tráfico de armas que fortalece a las organizaciones criminales y reiteró la importancia de la cooperación bilateral para frenar el flujo ilegal de armamento hacia México.
Cabe señalar que las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso, por lo que será un tribunal federal el encargado de determinar la responsabilidad de los imputados.
