
Ciudad de México.- Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, declaró que su organismo persistirá en exponer supuestos nexos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El funcionario hizo esta advertencia a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, en el marco de una ofensiva estadounidense contra la corrupción relacionada con el tráfico de drogas.
En sus declaraciones, Cole señaló que la DEA está comprometida con revelar las conexiones entre grupos terroristas extranjeros peligrosos y actores políticos corruptos para proteger vidas en Estados Unidos, y aseguró que la agencia no retrocederá en esta labor.
Esta advertencia llega días después de que el propio Cole anunciara que la DEA, en conjunto con la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF), se enfocará en perseguir a funcionarios y actores políticos que facilitan y favorecen a organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El pronunciamiento también respondió a la reciente condena de Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, sentenció a Tony Montana a 22 años y medio de prisión tras declararse culpable de delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas. Mientras su defensa solicitaba una pena de 20 años, la fiscalía estadounidense pedía 30.
Ante estos hechos, Cole subrayó que la corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política de los involucrados, y adelantó que las autoridades seguirán con determinación el rastro de quienes operan dentro de la política para facilitar actividades ilícitas.
El señalamiento hacia autoridades mexicanas no es nuevo. En abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas de fuego. Entre los acusados figuraban también el senador Enrique Inzunza Cazárez, el exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, el exresponsable de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán en ese momento.
Estas acusaciones incluyen supuestos acuerdos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, para distribuir drogas en territorio estadounidense, además de la entrega de información confidencial de instituciones mexicanas de seguridad a integrantes del crimen organizado a cambio de dinero.
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco. Entre los sancionados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y Luis Alfonso Torres, señalados por presuntos sobornos y lavado de dinero.
También fueron sancionados Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, acusado de recibir pagos para facilitar actividades ilícitas, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanero señalado por presuntamente favorecer al narcotráfico mediante favores políticos.
Estas acciones forman parte de una estrategia de presión de la administración estadounidense para combatir a los cárteles en México, que incluye sanciones financieras, acusaciones judiciales y amenazas de aranceles.



