Chihuahua, Chih.- La diputada federal por Chihuahua, Paloma Domínguez Ugarte, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aeropuertos y establecer protocolos de actuación ante reportes de robo o sustracción de equipaje, objetos y otras pertenencias dentro de las instalaciones aeroportuarias de México.
La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, planteó que las personas usuarias cuenten con mecanismos claros para reportar la desaparición o posible sustracción de alguna pertenencia, recibir orientación y conocer las acciones que deberán realizarse para atender el incidente.
De acuerdo con la propuesta, actualmente existen diferentes vías de atención según el lugar y las circunstancias en que se registra cada caso. Esta variedad de procedimientos puede generar incertidumbre entre las personas afectadas, quienes no siempre tienen claridad sobre la instancia a la que deben acudir o los pasos que deben seguir.
Protocolos dentro de los programas de seguridad
Domínguez Ugarte propuso modificar el artículo 6 Bis de la Ley de Aeropuertos para que los programas locales de seguridad aeroportuaria incorporen protocolos específicos ante reportes relacionados con el robo o la sustracción de equipaje y pertenencias.
La iniciativa contempla la creación de mecanismos para recibir y registrar los reportes, además de preservar oportunamente las videograbaciones y otros registros que puedan estar relacionados con los hechos. También busca facilitar la coordinación con las autoridades competentes cuando sea necesaria su intervención.
Otro de los puntos incluidos es la orientación a las personas afectadas para que puedan presentar la denuncia correspondiente. El planteamiento también considera dar seguimiento a cada reporte, con la finalidad de evitar que la atención concluya únicamente con la notificación inicial del incidente.
La diputada subrayó la importancia de conservar a tiempo las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los aeropuertos. Señaló que ese material puede aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido y apoyar las investigaciones que realicen las autoridades responsables.
Operadores no asumirían tareas de investigación
La legisladora precisó que la reforma no pretende otorgar funciones de investigación a las personas o empresas encargadas de administrar y operar los aeropuertos. El objetivo, explicó, es establecer procedimientos de atención inicial que permitan responder de manera ordenada y facilitar la participación de las autoridades facultadas para investigar.
De esta manera, la actuación del personal aeroportuario se concentraría en recibir el reporte, conservar los registros disponibles, orientar a la persona afectada y establecer la coordinación necesaria, sin sustituir las atribuciones de las instituciones competentes.
El planteamiento pone énfasis en que los primeros momentos posteriores a un reporte pueden ser relevantes para resguardar información relacionada con el caso. Por ello, la propuesta busca que existan pasos definidos para la conservación de videograbaciones y demás elementos disponibles dentro de las instalaciones.
Más de 122 millones de pasajeros en 2025
Domínguez Ugarte recordó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, el transporte aéreo regular movilizó durante 2025 a 122.4 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.
La legisladora utilizó esa cifra para destacar la importancia de contar con mecanismos adecuados de seguridad y atención para quienes utilizan la infraestructura aeroportuaria del país. La propuesta se enfoca particularmente en los procedimientos que deben activarse cuando una persona informa que su equipaje, un objeto o alguna pertenencia no aparece o pudo haber sido sustraída.
Finalmente, la diputada chihuahuense sostuvo que la seguridad aeroportuaria también debe considerar la protección de las pertenencias de las personas usuarias. Reiteró que los aeropuertos deben disponer de procedimientos claros que permitan brindar atención oportuna y canalizar correctamente cada reporte.
La iniciativa se concentra en ordenar la respuesta inicial ante estos incidentes mediante el registro, la preservación de material relacionado, la orientación para denunciar y el seguimiento de los casos, sin transferir facultades de investigación a los operadores aeroportuarios.
