CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la figura del defensor de las audiencias en empresas de radio y televisión ya está establecida en la ley, por lo que su existencia no forma parte de los puntos sujetos a discusión dentro de la revisión de los lineamientos para proteger los derechos del público.
Durante su conferencia matutina del 10 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el Gobierno Federal revisa los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El proceso podría derivar en modificaciones técnicas orientadas a mejorar la aplicación de la normativa, de acuerdo con información difundida por El Universal.
Sheinbaum diferenció entre los aspectos operativos que pueden recibir observaciones durante la consulta y las obligaciones que ya fueron aprobadas por el Congreso. Entre estas últimas se encuentran el código de ética y la existencia de un defensor de las audiencias en cada empresa concesionaria de radio o televisión.
“Eso ya viene en la ley, eso no está a discusión. O sea, en la ley ya viene el código de ética y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión”, declaró la presidenta.
¿Qué aspectos pueden modificarse?
La revisión busca definir las reglas operativas que deberán seguir los medios de radiodifusión para cumplir las disposiciones legales. En esta etapa, ciudadanos, especialistas, organizaciones y empresas del sector pueden presentar comentarios sobre el proyecto.
Las propuestas recibidas serán analizadas para determinar si resulta necesario incorporar ajustes técnicos a la versión final. Estos cambios, según lo señalado por la mandataria, deberán perfeccionar la regulación sin eliminar las obligaciones contempladas en la legislación vigente.
El debate ha generado comentarios entre concesionarios, organizaciones civiles y actores relacionados con la comunicación. Una de las preocupaciones expresadas alrededor del proyecto se refiere a la posibilidad de que la regulación afecte el trabajo periodístico o sancione opiniones difundidas en radio y televisión.
Ante esos señalamientos, Sheinbaum sostuvo que los lineamientos no están dirigidos a castigar a periodistas por expresar opiniones. Indicó que las posibles sanciones corresponderían a concesionarias que incumplan sus obligaciones, no a comunicadores por el contenido de sus posturas personales.
Obligaciones establecidas en la legislación
La normativa contempla que las empresas de radiodifusión dispongan de un código de ética público, destinado a establecer los principios que orientan su actuación. También ordena mantener la figura de un defensor de las audiencias, encargado de recibir y atender quejas, comentarios u observaciones del público.
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, estas bases proceden de reformas aprobadas con anterioridad y no pueden retirarse mediante una consulta sobre lineamientos técnicos. La revisión se concentra en la manera en que deberán aplicarse.
El defensor de las audiencias funciona como un mecanismo interno para que las personas manifiesten inconformidades relacionadas con los contenidos transmitidos. Su intervención no sustituye a las autoridades, pero permite canalizar observaciones directamente ante las estaciones de radio y los canales de televisión.
¿Cómo impactan estas reglas a las audiencias?
Los derechos de las audiencias buscan que el público pueda distinguir con claridad entre información periodística, opinión y publicidad. También pretenden ofrecer mecanismos para presentar quejas por contenidos que presuntamente incumplan obligaciones o por mensajes comerciales que puedan resultar engañosos.
Otro de sus objetivos es promover el respeto a la diversidad y evitar contenidos discriminatorios, además de procurar que la programación considere la pluralidad social y cultural de México.
La consulta pública permitirá recoger observaciones sobre la operación de estos mecanismos antes de emitir los lineamientos definitivos. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que el proceso no reabrirá la discusión sobre la existencia del código de ética ni del defensor de las audiencias, debido a que ambas figuras ya están incluidas en la ley.
El propósito final será contar con reglas que permitan aplicar en la práctica las garantías reconocidas para quienes consumen contenidos de radio y televisión, sin modificar lo aprobado previamente por el Poder Legislativo.
