CHISINAU, Moldavia.- Un ciberataque contra los sistemas informáticos de la administración pública de Moldavia expuso información personal, médica y financiera de alrededor de 450 mil ciudadanos, una cifra equivalente a casi un quinto de los 2.4 millones de habitantes del país.
La presidenta moldava, Maia Sandu, confirmó la dimensión de la filtración durante una rueda de prensa televisada y reconoció que el incidente dejó al descubierto deficiencias graves en la arquitectura de seguridad de los sistemas digitales del Estado. De acuerdo con la mandataria, el problema estuvo relacionado con una estructura obsoleta y errores en los mecanismos de acceso.
La estimación actual representa una revisión a la baja frente a los primeros reportes oficiales, que calculaban que cerca de 750 mil personas podían haber resultado afectadas. Pese al ajuste, el Gobierno reconoció que el alcance continúa siendo significativo y señaló que la Agencia de Gobernanza Electrónica deberá notificar individualmente a quienes hayan tenido información comprometida.
Entre los datos expuestos aparecen nombres y apellidos, fechas y lugares de nacimiento, información de familiares, fotografías, permisos de conducir y registros de vehículos. También fueron consultados datos relacionados con la salud, médicos de cabecera, pensiones, prestaciones sociales y situaciones de discapacidad.
La filtración alcanzó además referencias sobre empresas y determinada información financiera, incluidos números de cuenta, deudas fiscales e historiales de pagos. Sandu aseguró que los datos bancarios no fueron utilizados para ingresar a las cuentas de los ciudadanos, aunque pidió mantener precauciones ante posibles llamadas fraudulentas, mensajes engañosos o intentos de suplantación de identidad.
Una aplicación abrió el acceso a varios registros
Según la explicación de la presidenta, los sistemas verificaban la aplicación que solicitaba la información, pero no comprobaban adecuadamente la identidad del usuario ni si tenía autorización para consultar cada registro. Una sola aplicación con acceso defectuoso habría permitido revisar bases de datos de por lo menos 10 instituciones.
La arquitectura concentraba el acceso a diferentes registros públicos en un mismo punto y no tenía controles suficientes sobre el volumen de consultas. Tampoco existía una alerta automática que se activara al superar una cantidad determinada de extracciones, indicó la mandataria.
La intrusión ocurrió entre el 19 y el 23 de octubre. Los datos preliminares de la Agencia de Gobernanza Electrónica indican que los responsables realizaron aproximadamente 11 millones de solicitudes y consultaron cerca de un millón de números de identificación personal.
El periodo de mayor actividad fue el 20 de octubre, cuando se solicitaron servicios digitales cerca de un millón de veces, unas 30 veces más que el promedio habitual. Durante esa jornada se extrajo información de más de 260 mil personas. El 21 de octubre, la agencia detuvo el acceso a datos sobre familiares y dos días después comenzó a bloquear a los atacantes.
Desconectaron servicios públicos
Como medida preventiva, las autoridades desconectaron 82 servicios públicos digitales, además de más de 30 sistemas informáticos y paneles de administración. Los ataques cesaron el 24 de octubre, aunque se detectaron nuevos intentos los días 25 y 27. El Gobierno sostuvo que fueron bloqueados sin que se extrajera información adicional.
Los servicios comenzaron a restablecerse de manera gradual después de revisar sus mecanismos de protección. Sandu también admitió que la comunicación institucional fue tardía y que la ausencia de un protocolo específico generó indecisión en las respuestas. Sin embargo, descartó, hasta el momento, la posibilidad de un sabotaje interno.
La Fiscalía de Chisinau abrió una investigación penal por posibles delitos relacionados con la vulneración de la intimidad y la divulgación de datos. La portavoz de la Fiscalía General, Violina Moraru, informó que ya se realizan actuaciones procesales, sin revelar detalles sobre posibles responsables.
Sandu no atribuyó directamente el ataque a un Estado ni identificó a un responsable extranjero. La presidenta anunció la creación de un grupo de trabajo encabezado por el primer ministro Vasile Tofan y recomendó cortar cualquier llamada sospechosa para comunicarse directamente con bancos o autoridades mediante números oficiales.
El incidente representa un desafío para Moldavia, país candidato a ingresar en la Unión Europea y que ha convertido la digitalización de los servicios públicos en uno de sus principales proyectos de modernización. Las autoridades ahora deberán reforzar los controles y reducir el riesgo de que la información robada sea utilizada en fraudes u operaciones de ingeniería social.
