Chihuahua, Chihuahua.— La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que César Jáuregui, exfiscal general del estado de Chihuahua, habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
El señalamiento está relacionado con un operativo realizado en abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, en el cual habrían participado dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) sin contar con la autorización correspondiente.
Mediante un videomensaje, Godoy Ramos señaló que se cumplimentó una orden contra el exfuncionario después de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de 100 actos de investigación. La información proporcionada no detalla en qué consistió dicha orden.
De acuerdo con la fiscal federal, César “N” habría ordenado y coordinado el operativo efectuado en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde intervinieron agentes extranjeros en acciones que, según la investigación, corresponden exclusivamente a las autoridades federales.
FGR señala intervención extranjera no autorizada
Godoy sostuvo que la investigación determinó que el exfiscal habría permitido que personas extranjeras participaran sin autorización en territorio nacional. Afirmó que esa conducta podría representar una afectación a la soberanía y a la integridad del país.
“La investigación determinó que César ‘N’ habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional”, declaró la titular de la FGR.
La funcionaria agregó que la intervención de personas extranjeras en tareas reservadas a las instituciones mexicanas se encuentra prohibida por la Constitución. También consideró que lo ocurrido podría constituir un ataque al pacto federal y a la división de poderes.
Según su explicación, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites para que las entidades federativas asuman facultades reservadas a la Federación. Esas normas también impedirían que autoridades locales transfieran potestades públicas a autoridades o agentes de otro país.
Cuestionan facultades de la corporación estatal
La FGR señaló que, dentro de la carpeta de investigación abierta por el operativo en El Pinal, se estableció que la participación de los dos agentes de la CIA no estaba justificada. César Jáuregui, añadió Godoy, tampoco habría estado facultado para autorizar su involucramiento.
La fiscal indicó que ambas personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Conforme al señalamiento federal, esas visitas se realizaron sin una causa justificada.
Godoy también afirmó que la AEI, corporación estatal que encabezó el operativo, carecía de atribuciones para desarrollar acciones exclusivas de la Federación. La titular de la FGR sostuvo que dicha limitación se encuentra contemplada en la Ley de Seguridad Nacional.
Señalan presunto ocultamiento de información
Otro de los puntos expuestos por la funcionaria fue que César “N” presuntamente ocultó información relacionada con el operativo. De acuerdo con Godoy, el entonces fiscal no habría comunicado la acción a las autoridades federales, pese a que sí informó a los agentes extranjeros involucrados.
La investigación federal busca determinar el grado de responsabilidad del exfuncionario en la planeación, autorización y coordinación de la operación. Los señalamientos presentados por la FGR corresponden a una acusación ministerial y deberán ser analizados en el proceso legal correspondiente.
En el material difundido no se incluye una postura de César Jáuregui ni de su representación legal respecto de las acusaciones. Tampoco se precisan las funciones que supuestamente realizaron los agentes estadounidenses durante el operativo o el objetivo concreto de la intervención desarrollada en El Pinal.
Mientras no exista una sentencia definitiva emitida por una autoridad judicial, el exfuncionario conserva la presunción de inocencia. Será la autoridad competente la encargada de valorar los datos reunidos por la FGR y determinar si los hechos señalados configuran algún delito.
