La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció un paro nacional indefinido a partir del lunes 26 de octubre, ante la inseguridad en las carreteras, las extorsiones y los altos costos de operación que, de acuerdo con representantes del sector, dificultan mantener en circulación sus unidades.
Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar, informó en conferencia de prensa que la protesta contempla la suspensión de operaciones y manifestaciones de transportistas mientras circulan por las carreteras del país. Aclaró que no se prevé bloquear las vías.
“Ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria, anunciamos un paro nacional del autotransporte de carga a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido”, declaró el dirigente. Agregó que el sector conoce las consecuencias de detener una actividad esencial para el funcionamiento del país.
Ramos Melo afirmó que ya se han realizado mesas de trabajo con las autoridades, pero señaló que las organizaciones buscan respuestas concretas y resultados. Por su parte, Carlos García Álvarez, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), estimó que al menos un millón de transportistas participarán en las movilizaciones.
Advierten afectaciones al movimiento de mercancías
Según las cifras presentadas por Canacar, el transporte carretero moviliza diariamente alrededor de 1.6 millones de toneladas de mercancías, entre alimentos, productos agrícolas, autopartes, combustibles, químicos y materias primas.
El organismo indicó que también se realizan aproximadamente 21 mil cruces fronterizos diarios entre México y Estados Unidos, con mercancías valuadas en mil 800 millones de dólares. Canacar había calculado previamente que las afectaciones a la operación del sector pueden representar cerca de 7 mil millones de pesos por día, aunque en la conferencia no presentó una estimación específica sobre las posibles pérdidas del paro.
Ramos Melo advirtió que una interrupción del transporte podría ocasionar problemas de abasto, incluso de combustibles. Los representantes empresariales no establecieron cuánto tiempo podrían permanecer sin operar ni cuántos días resistirían las cadenas de suministro.
Costos y cambios fiscales presionan al sector
Entre los reclamos se encuentra la modificación al estímulo fiscal por el uso de autopistas contemplada en la Ley de Ingresos de la Federación para 2027. La medida reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que las empresas puedan acreditar hasta 50 por ciento del gasto en peajes contra el impuesto sobre la renta.
Canacar propuso elevar ese límite a 420 millones de pesos para compensar la inflación acumulada, conservar el monto anterior o establecer un beneficio proporcional que no excluya totalmente a las empresas con mayores ingresos.
Lauro Rincón Hernández, presidente nacional de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), explicó que el combustible puede consumir hasta 50 por ciento del ingreso de un viaje, mientras otro 25 por ciento se destina a peajes y obligaciones. El resto debe cubrir mantenimiento, financiamiento y renovación de unidades, cuyo precio puede ubicarse entre cuatro y cinco millones de pesos.
A estos gastos se agregan seguros, rastreo satelital, extorsiones y cobros municipales, de acuerdo con las organizaciones transportistas.
Denuncian robos y asesinatos de operadores
Ignacio Granados Villanueva, vicepresidente de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), señaló que hasta septiembre de 2026 se habían contabilizado mil 105 robos al autotransporte de carga y 15 operadores asesinados.
Rincón Hernández sostuvo que las acciones de vigilancia no han logrado frenar los delitos, especialmente en las rutas México-Puebla-Veracruz, México-Querétaro-San Luis Potosí y el Arco Norte. También pidió revisar las tarifas de autopistas en malas condiciones y que los seguros carreteros cubran el valor de los camiones robados que no sean recuperados.
Las organizaciones indicaron que el paro continuará hasta recibir respuestas en seguridad, infraestructura carretera y condiciones fiscales. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos con el gobierno federal antes o durante la movilización.
