San Salvador. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves la prohibición del llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos del país, una medida que también se aplicará en dependencias del Ministerio de Educación.
“Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, escribió Bukele en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde compartió un mensaje de la ministra de Educación, la capitana del Ejército Karla Trigueros.
Argumento oficial
La ministra explicó que la decisión busca “garantizar el buen uso del idioma en materiales y contenidos”, además de proteger a la infancia y adolescencia de injerencias ideológicas que, según el gobierno, afectan su desarrollo integral.
En un memorándum difundido también en redes, Trigueros detalló que la medida aplica para todas las escuelas públicas y oficinas dependientes de la cartera educativa. Además, subrayó que expresiones como “amigue, compañere, niñe, alumn@, jóvenxs, nosotras” y otras consideradas “deformaciones lingüísticas vinculadas a ideología de género” no serán admitidas “bajo ninguna circunstancia”.
Antecedentes
La política del Ejecutivo contra el uso del lenguaje inclusivo y de referencias a la “ideología de género” en las aulas no es nueva. En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, ya había declarado que “todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”.
Ese mismo año, en un foro conservador celebrado en Maryland, Estados Unidos, Bukele sostuvo que para su administración no solo es importante que la currícula esté libre de referencias a género, sino también que los padres de familia “tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos”.
Contexto regional
La prohibición colocará a El Salvador dentro de los países latinoamericanos que han impulsado restricciones explícitas al lenguaje inclusivo en instituciones educativas. El anuncio ha generado reacciones encontradas en redes sociales, entre quienes apoyan la medida como una forma de preservar el idioma y quienes la critican por considerarla un retroceso en materia de inclusión y derechos.
