Ciudad Juárez, Chihuahua.- A casi un año de la localización de 386 cuerpos en las instalaciones del crematorio “Plenitud”, las autoridades correspondientes compartieron en conferencia de prensa los avances sustanciales en el proceso de identificación forense, informando que aún quedan 135 cadáveres pendientes por identificar.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que mantiene abierta una carpeta de investigación formal, orientada a determinar si las conductas u omisiones cometidas por servidores públicos tanto del ámbito estatal como municipal configuran algún tipo penal que sea susceptible de persecución jurídica. Esta indagatoria ha recibido el seguimiento continuo de un equipo de peritos especializados durante los últimos meses.
De acuerdo con los datos presentados por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, a la fecha se ha logrado establecer la identidad de 251 personas, de las cuales 247 cuerpos ya han sido entregados a sus respectivas familias. Se detalló que las labores de identificación han representado una situación de alta complejidad técnica, haciendo necesaria la colaboración de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), laboratorios de medicina genómica nacional y el apoyo directo de los familiares de las víctimas.
Entre las identidades confirmadas y entregadas se contabilizan 107 hombres y 144 mujeres, cuya mayoría pertenecía al rango de edad superior a los 60 años. Por otra parte, en lo que respecta al rubro penal, trascendió que se han celebrado diversos acuerdos reparatorios ante un juez, debido a que el caso involucra delitos tipificados como fraude que permiten este tipo de salidas alternas basadas en la voluntariedad de las partes afectadas.
Respecto al propietario del establecimiento, se informó que en este momento se encuentra sustraído de la justicia en territorio estadounidense tras haber obtenido un amparo federal de manera previa. Ante esta situación, las autoridades ministeriales confirmaron que ya existe una comunicación formal con la Fiscalía General de la República (FGR) para tramitar la notificación de una ficha roja ante la Interpol, con el objetivo de cumplir con los requerimientos necesarios para su localización internacional.
