MÉXICO.- Grupo de Seguridad Privada Pryse obtuvo un contrato para brindar servicios de vigilancia al Tren Maya en participación conjunta con Servicios Integrales Valbón, empresa ligada al propietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, según una investigación presentada por el periodista Víctor Hugo Arteaga.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Arteaga dio a conocer nuevos hallazgos del trabajo titulado “Pryse: la red de alianzas, contratos públicos, empresas investigadas y sanciones administrativas”, elaborado por Xpectro FM. El reporte revisa adjudicaciones, documentos oficiales, antecedentes administrativos y relaciones entre empresas proveedoras de seguridad privada.
De acuerdo con el periodista, una revisión adicional permitió localizar 21 contratos de Grupo Pryse que no habían sido considerados inicialmente. Con esas adjudicaciones, sostuvo, el monto acumulado durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ascendería a 12 mil 928 millones de pesos.
Sin embargo, el desglose incluido en el material consultado atribuye a Pryse 12 mil 98 millones de pesos. La diferencia entre ambas cantidades no fue aclarada, por lo que el monto definitivo requiere una verificación adicional.
Contrato para la seguridad del Tren Maya
Uno de los principales hallazgos es la participación conjunta de Pryse y Servicios Integrales Valbón en una licitación para proporcionar seguridad privada al Tren Maya. Arteaga consideró relevante esa asociación porque Valbón aparece, según su investigación, en el expediente 928/2024 de la Fiscalía General de la República.
El expediente estaría relacionado con indagatorias por presunto tráfico de armas e hidrocarburos, lavado de recursos y facturación simulada. Arteaga mencionó dentro de esa investigación a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “El Yoryi”; Jacobo Reyes León, y Raúl Rocha Cantú, a quien señaló como presunto inversionista en compañías relacionadas con operaciones ilegales de hidrocarburos.
Estas menciones corresponden a señalamientos expuestos por el periodista y no constituyen por sí mismas una sentencia ni una determinación de responsabilidad penal. Arteaga enfatizó que su trabajo busca identificar interrogantes sobre el uso de recursos públicos, no sustituir las funciones del Ministerio Público.
Cinco empresas concentran contratos
El equipo de investigación revisó contrataciones de 28 instituciones públicas y ubicó a cinco compañías que, en conjunto, habrían recibido alrededor de 43 mil millones de pesos por servicios de seguridad privada. Además de Pryse, mencionó a Serprosep, Servicios Industriales Institucionales, Sepiver e Hidalgo Vigueras.
Según Arteaga, esos grupos concentran aproximadamente 80 por ciento de los recursos destinados a la seguridad privada subrogada en las instituciones analizadas. También reportó que Pryse participó junto con Protección, Resguardo y Servicios Empresariales y Multisistemas Uribe en una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social por mil 334 millones de pesos.
El periodista afirmó que algunas compañías con autorización para utilizar armas se asocian con otras que carecen de esos permisos para competir en licitaciones. A su juicio, este esquema ayuda a explicar las alianzas empresariales observadas, aunque cada procedimiento tendría que ser revisado por las autoridades competentes.
Sanciones y domicilio bajo revisión
La investigación también aborda inhabilitaciones administrativas impuestas a Pryse y otras compañías. Arteaga indicó que un amparo les permitió volver a competir por contratos, antes de que tribunales confirmaran posteriormente que las sanciones habían sido correctas. El material original menciona resoluciones fechadas en mayo y agosto de 2026, por lo que esa cronología necesita corroborarse.
Otro punto es el domicilio registrado por Silvia Muciño Negrete, de 90 años e identificada como accionista mayoritaria de Pryse. Arteaga acudió a una vivienda en Jiutepec, Morelos, cuyos inquilinos y vecinos dijeron no conocerla. El periodista aclaró que la edad de Muciño Negrete no representa irregularidad alguna, pero cuestionó la correspondencia de la dirección asentada en documentos corporativos.
Finalmente, Arteaga aseguró que durante varios días buscó la postura de Grupo Pryse mediante llamadas y visitas a sus oficinas, sin obtener respuesta de algún directivo. Señaló que dejó sus datos de contacto y que el espacio para una réplica de la empresa permanece abierto.
