CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la operación de una presunta red de extorsión que utilizaba documentos apócrifos, membretes oficiales y la firma falsificada de su titular, Raquel Buenrostro.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia, la denuncia fue presentada el 6 de agosto de 2026, después de detectar que proveedores y empresarios recibían oficios falsos mediante los cuales se les notificaba sobre supuestas investigaciones administrativas en su contra.
Quienes enviaban las comunicaciones exigían pagos o transferencias a cambio de detener esos procedimientos, los cuales no existían. Para dar apariencia de legalidad a las amenazas, los documentos incluían nombres de funcionarios y exfuncionarios, así como logotipos, membretes y firmas presuntamente falsificadas.
Reporte permitió detectar los documentos falsos
La alerta surgió el 29 de julio de 2026, cuando la Secretaría recibió un reporte anónimo relacionado con un oficio apócrifo fechado el 4 de junio del mismo año. La dependencia había emitido un comunicado el 28 de julio para advertir sobre la suplantación de identidad de servidores públicos.
Entre los nombres utilizados se encontraban los de Raquel Buenrostro y el subsecretario Alejandro Encinas Nájera. Los documentos también hacían referencia a supuestas órdenes de investigación atribuidas a Ulises Lara, quien, según el reporte, se desempeñó como fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR hasta el 14 de julio de 2026.
La información disponible no confirma una relación entre la salida de Lara de ese cargo y el uso de su nombre en los documentos. Corresponderá a la FGR determinar el origen de los oficios, identificar a quienes los elaboraron y establecer las posibles responsabilidades penales.
Denuncia quedó registrada ante la FGR
El caso fue registrado con el número de expediente FED/CDMX SZS/0003777/2026. La denuncia fue presentada por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción.
La dependencia subrayó que ningún procedimiento administrativo o de investigación puede iniciarse, suspenderse, agilizarse o concluirse a cambio de depósitos, transferencias o cualquier otra contraprestación.
“Esta Secretaría no autoriza ni reconoce solicitud alguna de pagos, depósitos, transferencias o alguna otra contraprestación para iniciar, suspender, agilizar o concluir procedimientos administrativos o de investigación”, señaló la institución en su advertencia.
La apariencia oficial de los documentos y la inclusión de nombres de altos funcionarios habrían sido utilizadas para intimidar a las posibles víctimas. La Secretaría pidió no entregar dinero y verificar directamente cualquier oficio o comunicación que sea recibido en su nombre.
Recomendaciones para proveedores y empresarios
Ante posibles intentos de extorsión, la dependencia recomendó confirmar la autenticidad de las comunicaciones por medio de sus canales institucionales. También llamó a conservar los mensajes, documentos y datos de contacto que puedan servir como evidencia para una denuncia.
Proveedores, empresarios y ciudadanos deben desconfiar de cualquier persona que solicite dinero con el argumento de frenar una investigación oficial. La Secretaría reiteró que las actuaciones administrativas se desarrollan mediante procedimientos formales y no están sujetas a negociaciones económicas.
Asimismo, pidió reportar de inmediato los oficios sospechosos y evitar responder a amenazas o proporcionar información financiera y datos personales antes de confirmar la identidad del remitente.
La investigación quedó a cargo de la FGR, que deberá establecer cuántos documentos fueron enviados, si hubo personas que realizaron pagos y si participaron más individuos en la presunta operación. Hasta el momento, la información proporcionada no detalla el número de víctimas ni el monto que habría sido exigido.
La Secretaría Anticorrupción manifestó que colaborará con las autoridades y continuará difundiendo alertas para prevenir nuevos casos de suplantación de identidad y fraude mediante comunicaciones que aparentan provenir de instituciones públicas.
