Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor que establecen un esquema de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas por sus usuarios, una modificación que abrió un debate sobre la protección del trabajo creativo y sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.
El Pleno avaló en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados con 72 votos a favor y 37 en contra. Durante la discusión en lo particular, senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano presentaron cuatro propuestas de modificación, pero ninguna fue aceptada.
El dictamen quedó aprobado sin cambios con 70 votos a favor y 37 en contra. Posteriormente fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
¿Qué establece la reforma?
Las modificaciones señalan que los proveedores de servicios de internet podrán ser responsables de infracciones cometidas por usuarios cuando incumplan las obligaciones previstas en el artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
También podrán enfrentar responsabilidad cuando contribuyan, induzcan o causen una conducta infractora y tengan conocimiento de ella. Otro supuesto contempla los casos en que puedan controlar la conducta del usuario responsable y reciban un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.
Los proveedores que incumplan los requisitos legales y se encuentren en alguno de esos supuestos responderán por las mismas infracciones atribuidas a los usuarios.
Las sanciones económicas quedarán a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Según el caso, las multas podrán ir de cinco mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); de mil a cinco mil veces la UMA, o de 500 a mil veces esa unidad. Además, se contempla una sanción adicional de entre 100 y 500 veces la UMA para quien persista en la infracción.
La reforma también dispone que los proveedores no serán responsables por daños y perjuicios ocasionados a titulares de derechos de autor si cuentan con una política para suspender el servicio a usuarios reincidentes.
Dicha política deberá publicarse en el sitio de internet del proveedor y formar parte de los términos y condiciones del servicio. También tendrá que incluir mecanismos mínimos para notificar a los usuarios.
Morena rechaza que exista censura previa
El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, afirmó que los cambios no crean mecanismos de censura previa, no alteran la neutralidad tecnológica del entorno digital y tampoco parten de presunciones absolutas de culpabilidad.
“Se trata de ajustar el marco jurídico para combinar la proporcionalidad y el respeto de derechos fundamentales, así como reconocer el valor de la creatividad y promover la responsabilidad”, sostuvo al presentar el dictamen.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, argumentó que los derechos de autor también protegen a quienes crean, producen y editan contenidos culturales. Aseguró que la reforma no establece una facultad de bloqueo generalizado.
La senadora María Guadalupe Chavira indicó que el objetivo es armonizar la legislación mexicana con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). También rechazó que la reforma pretenda limitar la caricatura política o el trabajo de los moneros y señaló que las medidas serán administrativas, no penales.
Oposición advierte riesgos para contenidos críticos
La senadora panista Gina Gerardina Campuzano consideró que las disposiciones podrían facilitar el retiro u ocultamiento de investigaciones, denuncias, videos o memes incómodos. Aclaró que su bancada no defiende la piratería, pero cuestionó los posibles efectos sobre la libertad de expresión.
“Porque proteger a los creadores no es lo mismo que blindar a un funcionario”, expresó.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que la reforma parte de una lógica de control sobre expresiones incómodas para el poder. Por su parte, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, reconoció la necesidad de actualizar las normas de derechos de autor, aunque pidió garantizar los principios constitucionales de proporcionalidad y taxatividad.
La aprobación deja ahora en manos del Ejecutivo Federal el siguiente paso del proceso constitucional, mientras continúa el debate sobre el alcance que tendrán las nuevas obligaciones para plataformas y proveedores de internet.
