CIUDAD DE MÉXICO.- Guadalupe Taddei Zavala anunció que presentará ante la Cámara de Diputados su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), después de una semana marcada por señalamientos sobre su relación con proveedores del organismo y la apertura de una investigación de oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un comunicado atribuido a la consejera presidenta, Taddei señaló que formalizará su dimisión este lunes. El anuncio representa un cambio frente a la postura que había sostenido días antes, cuando descartó abandonar el cargo ante las exigencias planteadas por integrantes de la oposición.
La decisión se conoce después de la difusión de materiales audiovisuales relacionados con el entorno familiar de la funcionaria y con empresarios vinculados a compañías proveedoras de material electoral. Los señalamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales todavía deberán ser corroborados por las autoridades competentes.
Uno de los videos divulgados presuntamente muestra a Jorge Piñeda Taddei, identificado como hijo de la consejera, en una habitación de París, Francia, junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas. Este último ha sido relacionado en publicaciones periodísticas con un grupo de al menos siete empresas que habrían suministrado material al INE y a organismos públicos locales electorales.
De acuerdo con el material difundido, algunas de esas compañías estarían bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas irregularidades. Entre las empresas señaladas aparecen Cajas Graf y Corporativo ZEG. Hasta ahora, los cuestionamientos se concentran en posibles conflictos de interés y en las condiciones bajo las cuales fueron adjudicados contratos por montos millonarios.
La Auditoría Superior de la Federación informó sobre el inicio de una investigación de oficio después de identificar indicios que podrían apuntar a irregularidades en contrataciones del INE. Las indagatorias considerarían posibles conflictos de interés, actos de colusión y triangulación de recursos. La apertura de una revisión no implica, por sí misma, que las conductas señaladas hayan quedado acreditadas.
En su pronunciamiento, Taddei defendió la importancia del debate público, pero también cuestionó parte de la información que ha circulado. “El escrutinio público y la conversación digital son expresiones legítimas y necesarias”, indicó en el documento.
La funcionaria agregó que durante los últimos días se difundieron “trascendidos, montajes, filtraciones y versiones” cuya autenticidad, contexto y propósito deben verificarse. Según el material original, el comunicado fue publicado y retirado en más de una ocasión antes de que se conociera el anuncio de su salida.
La controversia también llegó a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que no exista “ninguna sombra de corrupción” dentro del organismo electoral y consideró necesarias las auditorías para esclarecer las acusaciones. Respecto de una eventual renuncia, dejó la decisión en manos de la propia consejera presidenta.
Durante una sesión del Consejo General celebrada el jueves, Taddei había rechazado separarse del puesto. En esa intervención defendió al INE y atribuyó las acusaciones a intentos por debilitar a la autoridad electoral. Sin embargo, la aparición de nuevos videos, imágenes y grabaciones incrementó la presión pública sobre su gestión.
También circuló en la red social X un audio sobre una supuesta relación personal entre Taddei y Hernández Casillas. Su contenido y autenticidad deberán verificarse antes de determinar si tiene alguna relevancia para las investigaciones administrativas o financieras en curso.
La salida anunciada abre un periodo de incertidumbre para el INE mientras se prepara para las elecciones federales de 2027. El organismo deberá atender las investigaciones, aclarar las condiciones de sus contrataciones y mantener su capacidad operativa, además de preservar la confianza pública en sus decisiones.
La Cámara de Diputados tendrá que conocer formalmente la dimisión anunciada. Mientras avanzan los procedimientos correspondientes, las posibles responsabilidades vinculadas con los contratos deberán ser determinadas mediante auditorías e investigaciones, con respeto al debido proceso y sin considerar probados los señalamientos antes de que exista una resolución oficial.
