
Francia.- El Gobierno francés analiza la posibilidad de suspender temporalmente las redes sociales para impedir que sean utilizadas en la organización de saqueos, reconoció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante una comparecencia realizada este miércoles ante el Senado.
El funcionario explicó que la propuesta fue planteada por alcaldes preocupados por el uso de plataformas digitales para coordinar actos violentos y compartir información sobre la ubicación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, aclaró que una eventual suspensión solamente podría aplicarse bajo condiciones muy específicas.
“Las redes se han convertido en un problema real. Hay una pista, que me la han dado los alcaldes. Que cuando hay saqueos que se organizan con la ayuda de las redes, se tenga la posibilidad de suspenderlas”, declaró Nuñez ante los senadores franceses.
La medida requeriría condiciones estrictas
El titular del Interior recordó que existe una decisión emitida en 2025 por el Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa de Francia, en la cual se establece que, en principio, una medida de esta naturaleza podría aplicarse. No obstante, el mismo criterio señala que tendría que realizarse bajo condiciones “muy específicas” y “muy estrictas”.
Nuñez reconoció que tanto la prohibición de plataformas como la interceptación de mensajes encriptados representan dificultades jurídicas y técnicas. Frente a esas alternativas, consideró que una suspensión temporal podría ser una opción más viable, aunque no informó sobre un mecanismo concreto ni anunció que la medida ya hubiera sido aprobada.
De acuerdo con el ministro, las redes sociales pueden ser utilizadas para convocar a manifestaciones que posteriormente derivan en actos violentos. También señaló que algunos participantes recurren a estas aplicaciones para organizar saqueos y comunicar en tiempo real los lugares donde se encuentran desplegados los agentes de Policía.
Durante su intervención, Nuñez mencionó específicamente a TikTok y Snapchat. Sus declaraciones se concentraron en el uso de esas plataformas durante episodios de violencia, no en una suspensión general ya vigente para todos los usuarios.
Toques de queda en varias ciudades
La posible restricción de las redes sociales forma parte de las opciones consideradas por las autoridades francesas para contener los disturbios. El Gobierno también ordenó la instauración de toques de queda parciales en París, Marsella, Lyon y Niza, algunas de las ciudades más pobladas del país.
Estas medidas buscan frenar los saqueos y pillajes registrados al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre. Las protestas fueron convocadas contra el aumento del costo de vida y lo que sus participantes consideran un deterioro de los servicios de salud y educación.
Según la información presentada por las autoridades, al menos 3 mil establecimientos comerciales resultaron afectados durante los disturbios. El material disponible no detalla el nivel de daños sufrido por cada negocio ni la distribución de las afectaciones entre las distintas ciudades.
Más de 2 mil 500 arrestos
Los hechos dejaron poco más de 2 mil 500 personas arrestadas en diferentes puntos de Francia. De acuerdo con los últimos datos atribuidos al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, 95 por ciento de los detenidos son hombres y 70 por ciento son mayores de edad.
Del total de personas arrestadas, 174 fueron enviadas a prisión preventiva. Las cifras muestran la dimensión de los operativos desplegados tras las protestas, aunque no se precisaron los cargos individuales ni la situación legal del resto de los detenidos.
Las autoridades francesas se mantienen nuevamente en alerta ante la movilización convocada para el sábado 24 de octubre por los llamados “chalecos amarillos”. En este contexto, el Gobierno evalúa distintas herramientas para evitar nuevos saqueos, mientras enfrenta el reto de cumplir con los límites jurídicos aplicables a cualquier restricción sobre las comunicaciones digitales.
Por ahora, la suspensión de redes sociales permanece como una posibilidad en análisis. Las declaraciones de Nuñez indican que su aplicación dependería de circunstancias concretas y de requisitos estrictos, por lo que no se trata de una decisión general anunciada para todo el territorio francés.



