WASHINGTON, Estados Unidos.— La Administración de Donald Trump pidió al Tribunal Supremo que le permita reactivar una base de datos federal destinada a revisar los registros de millones de votantes antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.
La solicitud busca suspender una resolución de un tribunal federal de Washington que bloqueó la versión actualizada del sistema SAVE. Esta herramienta fue utilizada originalmente para verificar el estatus migratorio y determinar la elegibilidad para determinados programas federales.
El Gobierno modificó el sistema después de que Trump ordenara crear mecanismos para que autoridades estatales y locales pudieran verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de los votantes. Los cambios incorporaron registros de la Administración del Seguro Social y permitieron búsquedas masivas en los padrones.
El procurador general, John Sauer, argumentó ante el Tribunal Supremo que la actualización permitía procesar más de un millón de solicitudes diarias. También calificó el bloqueo como una orden “indefendible” y sostuvo que regresar a la versión anterior haría el procedimiento más complicado y menos confiable.
Organizaciones alertan sobre posibles errores
La Liga de Mujeres Votantes y el Electronic Privacy Information Center demandaron al Gobierno por la expansión de SAVE. Las organizaciones señalaron que los datos del Seguro Social pueden estar incompletos y advirtieron que ciudadanos elegibles podrían ser identificados erróneamente como personas sin ciudadanía estadounidense.
La jueza federal Sparkle Sooknanan bloqueó el sistema modificado en junio al considerar que violaba disposiciones federales sobre privacidad, registros del Seguro Social y operación de agencias administrativas. Un tribunal de apelaciones mantuvo la suspensión mediante una decisión dividida de dos votos contra uno.
El Gobierno afirma que SAVE no elimina directamente a ninguna persona de los padrones y que las decisiones corresponden a las autoridades estatales. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dio a los grupos demandantes hasta el 15 de septiembre para responder. La Corte deberá decidir si permite reactivar temporalmente el sistema mientras continúa el litigio.
