ESTADOS UNIDOS.- La administración del presidente Donald Trump mantiene una disputa en los tribunales para impedir que estudiantes indocumentados accedan a las tarifas de matrícula reservadas para residentes en universidades públicas.
Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington se sumaron a otros 17 estados demandados por el Gobierno federal debido a sus políticas sobre el acceso a la educación superior. Estas entidades permiten que alumnos sin estatus migratorio legal paguen como residentes cuando cumplen requisitos específicos.
Entre las condiciones más frecuentes se encuentran haber cursado y concluido la educación secundaria en el estado, residir durante un periodo determinado y comprometerse a solicitar la residencia permanente cuando sea posible.
La diferencia económica puede ser considerable. De acuerdo con una de las demandas, durante el ciclo académico 2026-2027 un residente de Washington pagaría 13 mil 406 dólares en la Universidad de Washington, mientras que un estudiante procedente de otro estado tendría que cubrir 44 mil 460 dólares.
El Gobierno de Trump argumenta que una ley federal de 1996 impide conceder a extranjeros indocumentados beneficios educativos que no estén disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses. Stanley E. Woodward Jr., funcionario del Departamento de Justicia, afirmó que las acciones continuarán hasta impedir que los indocumentados reciban beneficios negados a ciudadanos del país.
Los estados demandados sostienen que sus disposiciones no contradicen la legislación federal porque la elegibilidad se determina principalmente por el lugar donde los estudiantes cursaron la secundaria, y no solamente por su residencia o condición migratoria.
La controversia afecta especialmente a los llamados dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia y realizaron ahí sus estudios. Organizaciones defensoras advierten que eliminar las tarifas para residentes podría dificultar su acceso a títulos universitarios y empleos mejor remunerados.
Algunos estados, entre ellos Nebraska, Oklahoma, Texas e Illinois, cancelaron sus políticas después de resoluciones judiciales adversas. En contraste, un juez federal desestimó en marzo una demanda similar contra Minnesota, aunque el Departamento de Justicia apeló la decisión.
