Ciudad de México / Cuernavaca, Morelos. A más de un año de la muerte de Erick, el adolescente de 13 años que falleció tras presuntamente ser golpeado durante un campamento de la academia militarizada Ollin, su madre, Erika Torbellín, aseguró que las autoridades incumplieron los compromisos asumidos para regular este tipo de instituciones y evitar que un caso similar volviera a ocurrir.
En entrevista, Erika recordó que, tras el fallecimiento de su hijo en abril de 2025, sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se planteó fortalecer la supervisión de las academias militarizadas e incluso eliminar este modelo educativo en algunos planteles.
Sin embargo, afirmó que ninguno de esos acuerdos se concretó.
“Habíamos quedado en que iban a regular este tipo de instituciones, que iban a hacer filtros y que, incluso, iban a erradicar este sistema militarizado. Pero veo que no se hizo nada”, expresó.
Para la madre de Erick, la reciente muerte de Dafne Zapata Pintos en otra academia militarizada demuestra que las advertencias realizadas tras el caso de su hijo fueron ignoradas.
Pide mayor supervisión en escuelas militarizadas
Erika sostuvo que el problema no se limita al funcionamiento de estos planteles, sino a la falta de controles sobre las personas que trabajan con menores de edad.
Propuso que las autoridades realicen inspecciones permanentes, verifiquen la preparación de instructores y directivos, revisen los protocolos de actuación y escuchen directamente a los estudiantes mediante entrevistas confidenciales.
Aseguró que muchos menores no denuncian abusos por temor a represalias y por la existencia de un supuesto “código de silencio”.
Dos investigaciones continúan abiertas
Actualmente permanecen abiertas dos carpetas de investigación relacionadas con la muerte de Erick.
La principal se desarrolla en Morelos, donde ocurrió el campamento, por el delito de homicidio calificado. La segunda se lleva en la Ciudad de México por violencia familiar equiparada, debido a la relación de convivencia entre los responsables y los alumnos dentro de la academia.
Por el caso permanecen detenidos Juan Carlos, fundador y director de la institución, y Angélica, encargada del área administrativa. Además, existe una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Mariana, quien continúa prófuga.
La madre del menor afirmó que, de acuerdo con los testimonios de varios estudiantes, al menos otras diez personas participaron en las agresiones contra su hijo.
Cuestiona avances de la Fiscalía capitalina
Erika también criticó que la investigación en la Ciudad de México presente pocos avances, a diferencia del proceso en Morelos, donde ya fueron detenidos dos presuntos responsables.
Asimismo, denunció obstáculos para acceder al expediente del caso, al señalar que inicialmente pretendían cobrarle más de 7 mil pesos por copias de la carpeta de investigación, documentación que finalmente obtuvo sin costo tras presentar diversas inconformidades.
La presión derivó en las detenciones
Erick falleció el 25 de abril de 2025. Un día después, su madre inició protestas y bloqueó el acceso a la academia en la Ciudad de México, además de exigir avances en Morelos.
Finalmente, el 10 de mayo de 2025, Juan Carlos y Angélica fueron detenidos en el Estado de México, donde presuntamente permanecían ocultos.
Testimonios de menores fortalecieron el caso
La investigación se fortaleció gracias a las declaraciones de los propios estudiantes que asistieron al campamento.
De aproximadamente 100 menores, cerca de 30 relataron lo sucedido y 16 rindieron declaraciones ministeriales.
Según los testimonios, el conflicto comenzó el 18 de abril de 2025, cuando Erick intervino para defender a una compañera que presuntamente estaba siendo golpeada durante un castigo físico.
De acuerdo con la versión presentada por Erika, tras intentar proteger a la menor, su hijo fue sujetado del cuello y golpeado por instructores de la academia, convirtiéndose posteriormente en objeto de constantes castigos y amenazas durante el campamento.
Denuncia amenazas y afectaciones personales
Después del fallecimiento de su hijo, Erika aseguró haber recibido amenazas de muerte y mensajes de hostigamiento en redes sociales. Aunque presentó las denuncias correspondientes, afirmó que nunca recibió protección efectiva.
También relató que el proceso judicial le dejó graves secuelas emocionales y de salud. Tras revisar la necropsia e imágenes forenses de Erick, fue diagnosticada con epilepsia.
Busca impulsar reformas para proteger a menores
Actualmente, Erika estudia Derecho y busca crear una asociación civil para acompañar a familias que atraviesen situaciones similares, además de impulsar reformas que fortalezcan la protección de niñas, niños y adolescentes.
Asegura que su objetivo principal es evitar que otra familia viva una tragedia como la suya.
“Lo que realmente espero es que ningún niño tenga que morir para que las autoridades reaccionen”, concluyó.
