México, 20 ene (EFE).- Organizaciones que acompañan a víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez advirtieron este martes que la designación de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) envía un “mensaje alarmante” sobre el compromiso del Estado con “la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”.
En una serie de mensajes en redes sociales, las organizaciones Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) subrayaron que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) “continúa imputado” por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Sus condenas se dan en medio del proceso judicial que enfrenta Garduño por su responsabilidad en el incendio que ocurrió en marzo de 2023 en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, y que dejó 40 migrantes muertos.
Las organizaciones señalaron que la designación ocurre “pese a que continúa imputado” y sostuvieron que el nombramiento “envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”.
Las ONG consideraron “especialmente grave” que la designación “no esté respaldada por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo” y afirmaron que esa ausencia “refuerza la percepción” de que el nombramiento responde “más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.
En otro posicionamiento, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) retomó el caso con el hashtag #NoFueElIncendioFueElEstado, una etiqueta con la que las organizaciones han buscado enfatizar que, a su juicio, la tragedia no puede reducirse a un accidente, sino a fallas y responsabilidades institucionales.
También cuestionó que la designación se produzca con un elogio a Garduño como “funcionario ejemplar” a la par del anuncio del secretario de Educación, Mario Delgado, quien difundió el nombramiento en sus redes sociales y demandó con otro hashtag “#ReparaciónYJusticiaYa”.
“Recibimos este nombramiento con indignación” y advirtió que, para las víctimas y sus familias, la decisión “puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional”, al recordar “una tragedia que costó 40 vidas y 42 con secuelas de por vida”.
“La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”, coincidieron las organizaciones. EFE
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