El estado de Sucre, ubicado en el noreste de Venezuela, ha registrado un incremento notable en las labores de patrullaje y vigilancia por parte de autoridades y grupos afines al gobierno, luego de los bombardeos realizados por Estados Unidos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Así lo reportaron residentes y testigos consultados por la agencia Reuters.
Esta región, cuya franja oriental se extiende hacia el Caribe y se aproxima a Trinidad y Tobago, ha sido uno de los focos de atención ante las operaciones militares estadounidenses, que han dejado más de 80 personas fallecidas en aguas venezolanas y del Pacífico. El gobierno de Washington asegura que dichas acciones han afectado directamente las estructuras de los cárteles de la droga, incluidos los grupos que, según acusa, estarían liderados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Sucre es uno de los estados más pobres del país y, según datos locales, cerca del 60% de su población trabaja para el gobierno. Reuters informó recientemente que Estados Unidos planea una nueva fase de operaciones vinculadas a su estrategia sobre Venezuela.
Patrullaje reforzado y presencia de organismos de inteligencia
Habitantes de la ciudad costera de Güiria señalaron que desde septiembre se ha intensificado la presencia de personal de seguridad y que las patrullas se han incrementado durante las últimas semanas. Los residentes describieron que las labores de vigilancia se realizan tanto por agentes uniformados como por personal vestido de civil, presuntamente perteneciente a organismos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el SEBIN.
Algunos familiares de personas fallecidas en los ataques a embarcaciones indicaron haber recibido visitas de autoridades que les advirtieron no publicar información sobre la muerte de sus seres queridos. No se han recuperado los cuerpos y las familias no han podido realizar funerales. Ni Washington ni Caracas han revelado públicamente los nombres de los fallecidos.
Hasta el momento, el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no ha emitido una respuesta sobre el aumento de la vigilancia en la región. Analistas y organizaciones de derechos humanos han señalado que la contrainteligencia y el control territorial forman parte de la estructura central del gobierno venezolano.
Tensión social y afectación económica
Habitantes de Güiria relataron que los patrullajes incluyen también a miembros civiles de grupos motociclistas considerados aliados del partido gobernante, conocidos como “colectivos”. Además, se ha reportado la instalación de puntos de control sin que quede claro qué autoridad los dirige.
La economía local, que dependía en buena medida del comercio informal y actividades marítimas hacia Trinidad y Tobago, muestra signos de estancamiento. Los residentes afirman que ya no hay movimiento de embarcaciones de ningún tipo y que el flujo de dinero en las calles ha disminuido de forma significativa.
En la ciudad costera de Carúpano, testigos señalaron que la DGCIM habría establecido un centro de mando en un hotel estatal de la zona turística de Río Caribe. La presencia de fuerzas de seguridad ha modificado la actividad cotidiana, generando un ambiente de reserva entre los pobladores.
