La Cooperativa Pascual, reconocida por producir los jugos Boing y los refrescos Lulú, advirtió que el nuevo incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas, previsto para 2026, podría colocar a la empresa en una situación crítica.
De acuerdo con un reporte de La Jornada, directivos de la cooperativa acudieron al Congreso de la Unión para solicitar apoyo económico dentro del Presupuesto de Egresos del próximo año. Argumentaron que el aumento del impuesto —de 1.64 a 3.08 pesos por litro— podría derivar en una caída de hasta 60% en sus ventas y comprometer su viabilidad financiera.
Eduardo Martínez Cruz y Adrián Neri, presidentes del Consejo de Administración y de Vigilancia, recordaron que la primera aplicación del IEPS en 2014 provocó una reducción del 50% en sus ingresos, de la cual tardaron años en recuperarse.
Impacto económico y riesgos para el empleo
Según estimaciones de la empresa, el aumento representaría alrededor de 600 millones de pesos adicionales en pagos fiscales, un alza de casi 88% respecto a su carga actual. Pascual, que mantiene apenas el 2% del mercado nacional de refrescos, compite con corporaciones internacionales como Coca-Cola y Pepsi, las cuales emplean fructosa de bajo costo y cuentan con mayor capacidad para absorber los efectos del gravamen.
Martínez Cruz subrayó que Pascual utiliza azúcar de caña pura, beneficiando a agricultores locales, por lo que el incremento fiscal también impactaría al sector rural. Además, la medida ha obligado a la cooperativa a suspender la apertura de una nueva planta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, prevista para 2026, y a detener el desarrollo de una línea de productos sin azúcar añadida.
La empresa anunció que no trasladará el incremento impositivo al consumidor final para mantener la competitividad de precios, aunque advirtió que esta decisión podría poner en riesgo los 4,500 empleos y el patrimonio de sus 785 socios cooperativistas.
Solicitud de apoyo y contexto histórico
Los directivos de Pascual solicitaron al Gobierno federal y al Senado diseñar un modelo fiscal diferenciado para las cooperativas, reconociendo su función social. “No estamos negados a pagar impuestos, pero necesitamos que se entienda nuestra naturaleza solidaria”, señalaron.
Fundada tras una huelga obrera en la década de 1980, la Cooperativa Pascual surgió como símbolo del movimiento laboral mexicano. Tras la represión y el cierre de la empresa Pato Pascual, los trabajadores adquirieron la planta en 1985, creando una organización autogestionada basada en el principio de “un socio, un voto”.
Política fiscal y efectos colaterales
El nuevo ajuste fiscal forma parte del Paquete Económico 2026, con el que el Gobierno busca reforzar los ingresos públicos y promover hábitos saludables. Sin embargo, para las cooperativas, la medida podría tener consecuencias contrarias a sus objetivos sociales.
“Si no hay un trato diferenciado, podríamos desaparecer”, advirtió Martínez Cruz, reiterando que la supervivencia de la Cooperativa Pascual depende del apoyo institucional y de una política tributaria que equilibre la salud pública con la justicia económica y social.
