El Tribunal de Disciplina Judicial inició sus labores con la imposición de su primera sanción: la suspensión de un juez de Distrito con sede en Colima, tras detectarse un “notorio desvío de la legalidad” en diversos procesos penales relacionados con delitos de portación y posesión de armas de fuego, así como estupefacientes.
La decisión fue adoptada por la Comisión de Investigación del Tribunal, integrada por Eva Verónica de Gyvés, Bernardo Bátiz —quien la preside— y Rufino León Tovar. En su resolución, se concluyó que el juzgador incurrió en conductas reiteradas que excedieron sus facultades y contravinieron los principios del procedimiento penal, violando las fracciones II y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Irregularidades detectadas y medidas preventivas
De acuerdo con el comunicado oficial, el juez fue notificado de su suspensión provisional con el propósito de evitar la alteración o destrucción de pruebas. Se le atribuye haber reducido de manera sistemática las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados en procedimientos abreviados, decisiones que posteriormente fueron corregidas por tribunales de alzada al considerarse contrarias a derecho.
Asimismo, el Tribunal señaló que el funcionario judicial concedió beneficios de condena condicional sin cumplir los requisitos legales y omitió observar las condiciones necesarias para iniciar procedimientos abreviados, lo que generó violaciones al debido proceso.
Compromiso con la integridad judicial
La Comisión de Investigación subrayó que esta primera suspensión refleja el compromiso del nuevo órgano con la legalidad, la objetividad y la aplicación rigurosa de la disciplina judicial. Además, reafirmó su política de “cero tolerancia” frente a conductas irregulares que comprometan la correcta administración de justicia y la confianza pública en el Poder Judicial Federal.
