Ciudad de México.— El Gobierno de México presentará una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, con el objetivo de unificar los criterios legales en todo el país y fortalecer el combate a este delito.
La propuesta contempla penas de seis a quince años de cárcel, además de multas que van de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos, según explicó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio, sin depender de la presentación de una denuncia”, señaló Godoy.
Unificación y agravantes del delito
La iniciativa propone que la extorsión se persiga de oficio, es decir, que las autoridades puedan iniciar investigaciones sin necesidad de denuncia previa. Asimismo, plantea un tipo penal básico y diversas agravantes que aumentarán las penas cuando el delito se cometa:
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Bajo la modalidad de cobro de piso.
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En contra de personas migrantes, menores de edad o servidores públicos.
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Desde el interior de centros penitenciarios.
Reformas complementarias y extinción de dominio
El proyecto también incluye reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de que la extorsión sea considerada un delito sujeto a extinción de dominio.
Godoy Ramos destacó que la iniciativa eleva a rango de ley la estrategia nacional contra la extorsión, actualmente operada a través de la línea 089, la cual ha mostrado resultados en materia de prevención y atención a víctimas.
“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad”, subrayó la funcionaria.
Con esta propuesta, el Gobierno Federal busca reforzar la coordinación entre autoridades y garantizar una respuesta más efectiva frente a uno de los delitos que más impactan a comerciantes, empresarios y ciudadanos en todo el país.
