El Gobierno de México alcanzó un acuerdo con la industria refresquera, entre las que destacan Coca-Cola, PepsiCo y la Asociación Mexicana de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Amprac), para reducir el 30% del contenido de azúcar en las bebidas durante los próximos dos años, además de limitar la publicidad dirigida a menores y promover las versiones light o cero azúcar.
Como parte del convenio, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se mantendrá en 3.08 pesos por litro para las bebidas azucaradas, mientras que las versiones con bajo o nulo contenido calórico pagarán 1.50 pesos por litro, lo que representa un incentivo fiscal para las empresas que reformulen sus productos.
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el acuerdo forma parte de una estrategia nacional de salud y que su cumplimiento será monitoreado por Cofepris y Profeco.
Compromisos de la industria
Las compañías firmantes deberán cumplir con cuatro medidas principales:
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Reducir al menos 30% del azúcar añadido en sus bebidas antes de octubre de 2027.
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Mantener una diferencia de precio visible entre las versiones regulares y las light o cero para incentivar su consumo.
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Eliminar la publicidad dirigida a menores, tanto en televisión como en plataformas digitales y eventos deportivos.
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Enfocar sus campañas promocionales en productos con bajo contenido calórico y mensajes de consumo responsable.
Además, el acuerdo incluye una campaña nacional de información sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcar, enfocada en la prevención de la diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión.
Contexto del consumo en México
México sigue siendo el país con mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año, según la OCDE. Esta cifra está directamente relacionada con los elevados índices de sobrepeso y obesidad que afectan a la población adulta e infantil.
El IEPS a las bebidas azucaradas, implementado desde 2014, permitió una reducción inicial del consumo del 5%, aunque en años recientes la tendencia se ha estabilizado. Con este nuevo esquema fiscal, el gobierno busca reforzar su política de salud pública y promover un cambio en los hábitos de consumo sin afectar la producción ni generar presiones inflacionarias.
