La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera que podría modificar de manera profunda la operación de las aduanas en el país. La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, establece que los agentes aduanales serán responsables absolutos de las mercancías que declaren y podrían enfrentar sanciones penales, incluyendo cárcel, en casos de contrabando.
Responsabilidad total sobre las declaraciones
Actualmente, los agentes aduanales actúan como auxiliares del Estado y son responsables solidarios en el despacho de mercancías. Sin embargo, existen condiciones en las que la responsabilidad recae en los importadores o proveedores. Con la reforma, cualquier error —desde una omisión administrativa hasta un excedente en la mercancía declarada— recaería directamente sobre el agente.
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Por ejemplo, si un pedimento registra 1,000 piezas de autopartes y durante la inspección aparecen 1,500, el agente sería el único responsable, sin posibilidad de deslindar la carga legal hacia el importador. Esto podría derivar en acusaciones de contrabando en caso de implicaciones fiscales graves.
Fin de las patentes vitalicias y más controles
La propuesta también contempla la eliminación de las patentes vitalicias. En adelante, tendrían una vigencia de diez años, con posibilidad de renovación si el agente aprueba procesos de certificación bianuales. Además, deberán presentar declaración patrimonial anual y abstenerse de tener vínculos comerciales con las empresas que representen, bajo riesgo de suspensión o inhabilitación.
Para fortalecer el control, se plantea la creación de un Consejo Aduanero integrado por Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría Anticorrupción. Este órgano sería responsable de otorgar, prorrogar o cancelar las patentes. Asimismo, se implementarán mecanismos tecnológicos de trazabilidad como candados electrónicos con GPS en los Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE), donde el tiempo máximo de almacenamiento de mercancías se reduciría de dos años a uno.
Reacciones: mayor recaudación, pero riesgo de frenar el comercio
De acuerdo con especialistas en comercio exterior, la medida aumentará los costos de operación, ya que los agentes deberán realizar verificaciones documentales y físicas exhaustivas, lo que podría ralentizar el tránsito de mercancías en la frontera y puertos.
Sergio Islas, director de SIEM Business, advirtió que la reforma “representa un cambio muy drástico”, pues los agentes enfrentarán riesgos inéditos en la historia de las aduanas mexicanas.
Por su parte, la SHCP defiende la iniciativa como una vía para incrementar la recaudación tributaria, dado que las 50 aduanas del país representan alrededor del 24% de los ingresos fiscales nacionales y aportan el 3.6% del PIB. Tan solo entre enero y julio de 2025, se recaudaron más de 836,000 millones de pesos, una cifra récord.
Impacto en programas de comercio
Uno de los objetivos de la reforma es cerrar huecos en esquemas como el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que permite importar temporalmente sin pagar impuestos con la condición de exportar. Según las autoridades, algunas empresas han abusado de este régimen al ingresar mercancías que nunca son exportadas, lo que genera competencia desleal en el mercado interno.
Escenario actual y riesgos de la iniciativa
La ley vigente ya establece que los agentes son responsables de la veracidad de los datos y del cumplimiento de regulaciones, pero prevé excepciones en caso de información falsa proporcionada por los importadores. También reconoce la responsabilidad compartida entre distintas figuras. La propuesta elimina estos márgenes de protección y concentra la carga exclusivamente en el agente.
Analistas advierten que el endurecimiento de sanciones y la posibilidad de perder la patente tras enfrentar procesos legales podrían desalentar la actividad aduanera y complicar la logística del comercio exterior, en lugar de fortalecerla.
En contraste, el gobierno argumenta que las medidas buscan garantizar profesionalismo y transparencia en un sector históricamente señalado por prácticas de corrupción.
