Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de huachicol fiscal.
La resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que la defensa de los imputados solicitara previamente la duplicidad del término constitucional. De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron al juez determinar la vinculación a proceso de ocho personas.
Además de Ernesto Ruffo Appel, también fueron vinculados a proceso Ricardo “N” y José “N” por su probable participación en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Asimismo, Juan “N” y Luis “N” enfrentarán proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N”, por delincuencia organizada y contrabando, mientras… pic.twitter.com/L9ytUhzJ3g
— FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026
El juez también ratificó las medidas cautelares. La prisión preventiva oficiosa deberá cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 Altiplano para Ernesto “N”, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N”. En tanto, Guillermo “N” y José María “N” permanecerán bajo esta medida en sus respectivos domicilios, mientras que Adriana “N” permanecerá internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Según la FGR, la investigación deriva de un operativo realizado en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionado con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
La dependencia explicó que el caso está vinculado con un presunto esquema de huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de hidrocarburos que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Entre las prácticas detectadas se encuentran reportar un volumen menor al realmente transportado o declarar la mercancía como un producto distinto para evitar el pago de impuestos.
