Ciudad de México.– El vicealmirante de la Secretaría de Marina, Salvador Camargo Vivero, enfrenta señalamientos por presunta participación en una red de “huachicol fiscal”, derivada de la incautación de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon. Aunque no ha sido vinculado formalmente a proceso, su defensa presentó un juicio de amparo alegando que el militar teme por su vida y que se han generado ataques a su libertad “fuera de procedimiento”.
De acuerdo con documentos en poder de El Universal, el recurso fue promovido el pasado 8 de septiembre tras la noticia de una supuesta orden de aprehensión en su contra. No obstante, el juez negó conceder la suspensión de plano al considerar que no existen elementos que acrediten una afectación inmediata, sino que se trata de “actos futuros e inciertos”.
Señalamientos en torno a su gestión
Camargo Vivero fue director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico, Tamaulipas, entre el 1 de marzo de 2024 y el 16 de enero de 2025. Actualmente funge como jefe de Estado Mayor de la Región Naval Número 10, con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Su defensa sostiene que el vicealmirante no tiene responsabilidades en la importación de combustibles y que incluso dejó el cargo en Tampico dos meses antes de la incautación del buque señalado. “Los motivos que han generado este acto de molestia no están claros; mi representado teme por su integridad, su libertad y la seguridad de su familia”, refiere el escrito presentado ante los Juzgados de Distrito en Materia Penal.
Contexto judicial
El caso se encuentra vinculado a la causa penal 305/2025, iniciada a partir de la judicialización de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024. Pese a ello, la defensa insiste en que hasta ahora no existe citación, notificación ni aviso oficial que comprometa legalmente al vicealmirante.
El auto preventivo emitido el 10 de septiembre señala que el promovente deberá acreditar de manera fehaciente la representación legal para promover el juicio de garantías, pues no presentó documentos que respalden la autorización del quejoso.
Temor por su seguridad
En su solicitud, Camargo Vivero asegura que las publicaciones mediáticas lo han expuesto de manera indebida y que ello ha detonado un clima de hostilidad en su contra. Advierte que podría ser objeto de privación ilegal de la libertad o de atentados contra su vida, pese a considerarse una persona con “una forma honesta de vivir”.
Por ahora, la justicia federal determinó que no procede otorgar la suspensión de plano al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. No obstante, el proceso legal continuará en los tribunales mientras se define si el vicealmirante deberá enfrentar cargos formales por su presunta implicación en la red de contrabando de combustible.
