Miami, Florida.— El actor mexicano Pablo Lyle, quien cumple una condena por homicidio involuntario en una prisión del estado de Florida, podría librarse de pagar una indemnización de cinco millones de dólares gracias a un tecnicismo legal que amenaza con dejar sin efecto la demanda civil presentada en su contra por la familia de la víctima.
La acción civil fue interpuesta por los familiares de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años que perdió la vida tras un altercado vial con el actor ocurrido en marzo de 2019. Sin embargo, el proceso se encuentra actualmente en pausa debido a que Lyle no cuenta con representación legal en esa instancia, lo que derivó en la suspensión de la audiencia que estaba prevista para el 31 de julio de 2025.
Demanda en riesgo de ser desestimada
Según medios estadounidenses, la falta de abogado por parte del actor, así como la reciente renuncia del equipo legal de la familia de Hernández, ha colocado la demanda en una situación crítica. Si en un plazo no mayor a 20 días —es decir, antes del 20 de agosto de 2025— no se reactiva formalmente el caso, el tribunal podría cerrar el expediente sin emitir una resolución sobre la compensación solicitada.
La familia del fallecido exige una indemnización por concepto de gastos funerarios, atención psicológica y pérdida de ingresos. No obstante, si el caso se desestima por inacción, Pablo Lyle quedaría exento de cualquier responsabilidad financiera derivada de este proceso civil.
Condena penal en curso
Lyle fue sentenciado en 2022 a cinco años de prisión, seguidos de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, tras ser hallado culpable de la muerte de Hernández. El incidente, ampliamente difundido en medios y redes sociales, ocurrió cuando el actor golpeó al hombre durante una discusión de tránsito, provocando su caída y una lesión cerebral que días después le causó la muerte.
Actualmente, el actor cumple su condena en la Everglades Correctional Institution, al sur de Florida. Aunque su liberación estaba programada originalmente para septiembre de 2027, su expareja, Ana Araujo, reveló en agosto de 2024 que, gracias a los beneficios por buena conducta, podría quedar en libertad en diciembre de 2026.
“Sale en diciembre de 2026, son nuestras cuentas, contando con buen comportamiento. Lo poco que yo sé es que allá por ley puedes cumplir el 85 % de la sentencia”, explicó Araujo en una entrevista.
Un giro clave para su futuro legal y financiero
De concretarse la desestimación de la demanda civil, el actor no solo evitaría el pago de la millonaria indemnización, sino también el escrutinio público que conlleva un nuevo juicio en el que tendría que presentar pruebas sobre su situación económica y enfrentar el testimonio de la familia afectada.
Pese a este posible beneficio legal, el nombre de Pablo Lyle permanecerá ligado a uno de los casos más polémicos del espectáculo mexicano en los últimos años. Por ahora, continúa su proceso de reinserción con la mirada puesta en un nuevo comienzo fuera del sistema penitenciario.
