Washington D.C., 25 de julio de 2025 — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que permitirá a los gobiernos estatales y locales trasladar a personas sin hogar de las calles a centros de tratamiento, aun sin contar con su consentimiento.
La medida, de acuerdo con el documento oficial, tiene como objetivo principal salvaguardar la seguridad pública mediante un enfoque que facilite el internamiento civil de personas con enfermedades mentales o en situación de indigencia, especialmente aquellas que representan un peligro para otros o que no pueden cuidarse por sí mismas.
La orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a impulsar acciones legales para revertir precedentes judiciales y acuerdos judiciales que hasta ahora han limitado la capacidad de las autoridades locales y estatales para retirar campamentos de personas sin hogar y brindar tratamiento obligatorio. Asimismo, solicita su colaboración con gobiernos estatales y municipales para implementar mecanismos legales que permitan dichos traslados.
“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”, se señala en el documento.
Además, la orden ejecutiva exige a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar la asignación de recursos federales a aquellas jurisdicciones que hagan cumplir las leyes contra el consumo abierto de drogas, el campamento en espacios urbanos y el merodeo.
Esta nueva disposición se suma a otra orden emitida en marzo pasado, mediante la cual se instruyó al Servicio de Parques Nacionales remover campamentos de indigentes y limpiar grafitis en terrenos federales.
Según cifras citadas en la orden por la Casa Blanca, 274 mil 224 personas vivieron en las calles en una sola noche durante el año 2024, el número más alto registrado hasta la fecha en Estados Unidos.
La iniciativa ha generado debate entre defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre posibles violaciones a los derechos de las personas sin hogar y cuestionan la efectividad de medidas coercitivas para enfrentar una problemática de fondo como el acceso a vivienda y servicios de salud mental.
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