Washington, Estados Unidos.– La administración del presidente Donald Trump enfrenta una demanda presentada por 16 estados, que acusan al Gobierno federal de retener de manera ilegal más de 2 mil millones de dólares destinados a programas de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos.
La querella fue interpuesta ante un tribunal federal en el Distrito Oeste de Washington y sostiene que los recursos habían sido asignados por el Congreso durante la administración del expresidente Joe Biden, pero actualmente se encuentran detenidos por el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Carreteras.
El litigio es encabezado por los estados de Washington y Colorado, con el respaldo de Arizona, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Pensilvania. Las entidades argumentan que la suspensión de los fondos frena proyectos clave de movilidad limpia y vulnera la distribución de facultades entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la demanda, los recursos en disputa corresponden a programas creados bajo la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2022, también conocida como Ley Bipartidista de Infraestructura, que contemplan subsidios para la construcción, reparación y expansión de estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país.
Los estados demandantes señalan que la retención de los fondos ha paralizado obras ya programadas, retrasado la construcción de nueva infraestructura y generado incertidumbre financiera en proyectos enfocados en reducir la contaminación, impulsar la innovación tecnológica y fomentar la creación de empleos vinculados a energías limpias.
Este no es el primer litigio relacionado con el tema. En meses previos, varios estados recurrieron a tribunales federales por la suspensión de recursos del Programa Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos, lo que derivó en una orden judicial para liberar parte de los fondos; sin embargo, las autoridades estatales aseguran que la instrucción aún no se ha cumplido plenamente.
La demanda busca que el Gobierno federal libere los recursos retenidos y permita la continuidad de los proyectos, al considerar que la falta de financiamiento pone en riesgo el desarrollo de una red nacional de carga y los compromisos ambientales asumidos a nivel federal y estatal.