Estados Unidos.- En una decisión que marca un cambio radical en la política antidrogas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden ejecutiva que permite al Ejército estadounidense lanzar operaciones militares contra cárteles latinoamericanos, incluyendo al Cártel de Sinaloa, CJNG, la Familia Michoacana, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Esta medida transforma el enfoque tradicional de aplicación de la ley en una estrategia militar, generando preocupaciones jurídicas sobre posibles violaciones a tratados internacionales y actos considerados como ejecuciones extrajudiciales.
La orden permite intervenciones en países como México y Venezuela, aun sin el consentimiento explícito de sus gobiernos. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier operación militar estadounidense en territorio nacional, aunque reafirmó la colaboración bilateral en materia de inteligencia y extradiciones.
En paralelo, tropas estacionadas en Fort Bliss, Texas, ya evalúan escenarios de intervención. Además, se han intensificado los vuelos de drones de la CIA y aeronaves de reconocimiento cerca de costas mexicanas, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro también está en la mira, tras incluirse al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Expertos en derecho internacional y la ONU han manifestado su preocupación ante una posible escalada militar que podría violar tratados internacionales, como ocurrió en la invasión de Panamá en 1989.
La nueva política de Trump redefine la lucha contra el narcotráfico, transformándola en una guerra declarada contra el terrorismo, con consecuencias legales, diplomáticas y humanitarias aún imprevisibles para América Latina.
