El gobierno de Trinidad y Tobago ordenó la deportación inmediata de al menos 200 migrantes venezolanos, en una medida que marca un nuevo punto de tensión en la relación con el régimen de Nicolás Maduro. La decisión fue instruida por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, en el contexto de una crisis política y migratoria que se ha agravado con la llegada de un buque de guerra estadounidense a la isla caribeña.
Una orden directa de la primera ministra
De acuerdo con medios locales, el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago giró instrucciones este martes (28 de octubre de 2025) para trasladar a los inmigrantes venezolanos a un Centro de Detención de Inmigración, donde permanecerán hasta su repatriación.
El secretario permanente del ministerio, Videsh Maharaj, confirmó que la medida responde a un “ejercicio migratorio de deportación masiva”, y que los migrantes no pasarán por procesos individuales de revisión antes de su expulsión.
Los venezolanos representan actualmente la mayor comunidad extranjera en Trinidad y Tobago, estimada en más de 30 mil personas, muchas de ellas refugiadas que huyeron de la crisis económica y política en su país.
Política migratoria más dura y alineamiento con Washington
La primera ministra Persad-Bissessar, quien asumió el poder en mayo de este año, ha adoptado una postura más firme frente a la migración venezolana, vinculándola con el aumento de la criminalidad y el narcotráfico en el archipiélago.
“Durante diez años, nuestros antecesores no separaron a los venezolanos que huían legítimamente de su país de aquellos que llegaban con intenciones criminales”, declaró la mandataria en agosto.
La decisión de acelerar las deportaciones coincide con la llegada del buque estadounidense USS Gravely al puerto de Puerto España, donde participa en ejercicios militares de cooperación regional para el combate al narcotráfico. La presencia de la flota estadounidense ha sido interpretada por Caracas como una provocación directa.
Respuesta inmediata de Venezuela
El Parlamento venezolano reaccionó con dureza, declarando “persona non grata” a la primera ministra trinitense. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acusó a Persad-Bissessar de “permitir que Trinidad y Tobago se convierta en una base militar utilizada contra Venezuela”.
“Esa señora está permitiendo que su país sea usado como un portaviones contra nuestra soberanía. Actuaremos en todos los frentes posibles para que Venezuela sea respetada”, afirmó Rodríguez durante una sesión extraordinaria.
Consultada por la agencia AFP, Persad-Bissessar restó importancia a la declaración venezolana y respondió de forma tajante:
“Esa decisión no tiene ningún efecto en mi vida.”
Una crisis regional en ascenso
La deportación masiva ordenada por Trinidad y Tobago ocurre en un contexto de deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países y refleja la polarización política en el Caribe, donde varios gobiernos han reforzado su cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad marítima y migración.
Organismos internacionales han advertido que la medida podría violar los derechos de protección internacional de los migrantes venezolanos, al no ofrecerles procesos de evaluación ni garantías humanitarias.
Mientras tanto, en Puerto España, las autoridades mantienen bajo resguardo a los migrantes en espera de su deportación, en una decisión que podría marcar un precedente regional sobre el manejo de la migración venezolana en el Caribe.