La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Secretaría de Gobernación analizar la ampliación de las atribuciones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de que también pueda brindar acompañamiento y respaldo a comunicadores que enfrenten procesos judiciales, siempre que el trasfondo de los casos esté vinculado con el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante una conferencia, la mandataria subrayó que, para su gobierno, la libertad de expresión debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, particularmente cuando se trata de investigaciones o acusaciones que pudieran tener un impacto directo en el ejercicio periodístico.
Al referirse al caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, quien fue vinculado a proceso y se encuentra bajo prisión domiciliaria por un año tras ser acusado de cargos relacionados con terrorismo, Sheinbaum expresó que su administración considera fundamental garantizar que ningún comunicador sea criminalizado por el contenido de su trabajo informativo.
“Mi opinión, y la de nuestro gobierno, es que por encima de todo está la libertad de expresión. Por ello, le pedí a la secretaria de Gobernación que, si es necesario, el mecanismo de protección se acerque a periodistas que estén acusados, cuando el fondo del caso tenga relación con su labor periodística”, afirmó la presidenta.
Sheinbaum explicó que el objetivo central de esta posible ampliación no es interferir con los procesos judiciales, sino asegurar que los periodistas cuenten con acompañamiento institucional, asesoría y medidas de protección adecuadas en situaciones donde exista riesgo de vulneración a sus derechos fundamentales.
Precisó que el apoyo del Mecanismo de Protección podría extenderse únicamente a solicitud expresa de los comunicadores involucrados y cuando se determine que las acusaciones están relacionadas directamente con su ejercicio profesional. En ese sentido, reiteró que no se busca generar privilegios ni impunidad.
“Si un periodista comete un delito ajeno a su labor informativa, debe responder ante la ley como cualquier otra persona. Pero cuando el asunto de fondo tiene que ver con la libertad de expresión, siempre hay que optar por protegerla”, puntualizó.
La presidenta destacó que esta postura responde a un compromiso del Estado mexicano con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, así como a la necesidad de evitar que las herramientas legales se utilicen como mecanismos de presión, intimidación o censura contra la prensa.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá un diálogo permanente con organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos para fortalecer los esquemas de protección existentes y garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en el país.