México, 23 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó este viernes que la adquisición de camionetas de seguridad para las nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) significó un ahorro superior a 1.000 millones de pesos (más de 55 millones de dólares), en medio de la polémica generada por el contraste con los llamados a la austeridad.
En su conferencia de prensa desde el Estado de Veracruz (oeste), aseguró que la adquisición tuvo que ver con el cambio de un contrato de renta por la compra de unidades, según información que, dijo, solicitó a través de la Secretaría de Gobernación.
“Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de 1.000 millones de pesos en este proceso”, expuso la presidenta sobre la explicación que recibió, y añadió que el Órgano de Administración del Poder Judicial debe informar “sobre esta adquisición”, ante señalamientos por ser una medida contradictoria al discurso de austeridad.
La mandataria fue cuestionada en su conferencia matutina por la compra de camionetas de la marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal elegidos por el voto popular en junio de 2025, cada una valuada en 1,7 millones de pesos (casi 95.000 dólares) sin considerar medidas de protección como blindaje.
Ante ello, Sheinbaum indicó que pidió datos “cuando vio la nota” y que la Secretaría de Gobernación consultó al Órgano de Administración de la Corte, misma que relacionó la compra a medidas de seguridad.
“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional la SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, apuntó el Supremo en una nota informativa.
Cuestionada sobre si existía alguna amenaza específica contra las ministras y ministros ante estas medidas de seguridad, Sheinbaum respondió que “todo ello tiene que informarlo” la Corte.
Por su parte, la Corte afirmó que la decisión se sustentó en opiniones técnicas de autoridades federales, que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad.
Sostuvo, además, que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a “consideraciones discrecionales”.
La SCJN añadió que la renovación se realizó con apego a una normativa interna vigente emitida en 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos —cada cuatro años o antes si las condiciones no son seguras— y que el proceso se efectuó en paralelo a la reducción general del parque vehicular, para no generar un gasto adicional. EFE
