México.— La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) evaluar una denuncia contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, relacionada con el presunto conocimiento de operaciones de agencias estadounidenses en la entidad antes de la muerte de dos agentes de Estados Unidos en la Sierra Tarahumara.
Durante su conferencia, la mandataria federal fue cuestionada sobre los señalamientos difundidos recientemente y sobre la posibilidad de que estos modificaran el proceso contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Sheinbaum respondió que no y reiteró que será la Fiscalía federal la encargada de revisar la información incorporada al caso.
La presidenta también señaló que, hasta donde conoce la investigación, no hay pruebas de que Campos haya ordenado directamente el operativo en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y que terminó con la muerte de dos de ellos.
“De la investigación que se tiene, el responsable directo es el fiscal; hasta donde yo sé, si no que lo aclare la Fiscalía, no cuentan con alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora; hasta ahora es lo que yo conozco”, declaró Sheinbaum.
La titular del Ejecutivo federal aclaró que no le corresponde exonerar a la gobernadora y que deberá ser la FGR la que determine si existen elementos para atribuirle alguna responsabilidad. También negó que haya un acuerdo político con Campos para proceder contra Jáuregui Moreno.
Denuncia fue incorporada a un expediente penal
Los señalamientos fueron expuestos por familiares del militar estadounidense Richard Halliday en un correo electrónico incorporado al expediente penal contra dos exfiscales de Chihuahua. El mensaje, dado a conocer públicamente por Milenio, fue enviado el 27 de mayo de 2026 por Robert Halliday, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y familiar de Richard Halliday, a dos funcionarios de la Fiscalía federal.
El correo forma parte de los datos de prueba de la causa penal 408/2026, dentro de la cual fueron libradas órdenes de aprehensión contra César Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas.
En el documento, los familiares aseguraron contar con información para demostrar que Campos conocía previamente las actividades de agentes estadounidenses en Chihuahua y que recibía datos de inteligencia derivados de operaciones efectuadas en territorio mexicano. También la acusaron de mantener un supuesto intercambio de información con agencias de Estados Unidos sin notificar al Gobierno federal.
“Tenemos pruebas contundentes de que la gobernadora Maru Campos ha mentido a los fiscales federales y al público mexicano”, señalaron los remitentes en el correo, originalmente redactado en inglés. Las acusaciones forman parte de sus señalamientos y, hasta el momento, no representan una determinación judicial.
El mensaje también cuestiona el acuerdo firmado el 14 de abril de 2022 entre Campos y el gobernador de Texas, Greg Abbott, además de reuniones posteriores entre autoridades de Chihuahua y esa entidad estadounidense. De acuerdo con la familia, esos vínculos habrían permitido actividades de cooperación con organismos de Estados Unidos al margen de las autoridades federales mexicanas.
Familia señala presunta manipulación de investigación
Los familiares acusaron además a Campos de intervenir en las investigaciones vinculadas con la desaparición y muerte de Richard Halliday. Indicaron que presentaron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado en la zona norte de Ciudad Juárez y que posteriormente recibieron información sobre una presunta manipulación de la indagatoria.
Por estos hechos también señalaron a Carlos Manuel Salas, quien encabezó la Fiscalía estatal. La familia manifestó su disposición para entregar a las autoridades federales documentos e información adicional con los que busca respaldar sus acusaciones.
En una entrevista difundida en audio, Campos sostuvo que sabía que se efectuaría una acción para localizar un laboratorio clandestino, pero negó haber conocido previamente la participación de agentes estadounidenses o de la CIA. Después del accidente del 19 de abril de 2026, la gobernadora había declarado que supo de la presencia de los agentes estadounidenses hasta el día de los hechos.
Sheinbaum insistió en que la revisión de las acusaciones, así como cualquier determinación sobre posibles responsabilidades, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República.
