México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República un “Plan B” de reforma electoral con el objetivo de modificar leyes secundarias, luego de que su propuesta constitucional no avanzara en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca implementar cambios en el sistema electoral, enfocados en la reducción de costos, el fortalecimiento de la fiscalización y ajustes en mecanismos como la revocación de mandato y la elección judicial.
Tras el freno legislativo a la reforma constitucional, la mandataria optó por una ruta alterna para avanzar en su agenda. Desde Palacio Nacional, confirmó el envío de la iniciativa, reiterando que uno de los principales ejes será la austeridad en los procesos electorales y en el financiamiento a partidos políticos, así como la revisión del sistema de representación proporcional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación al mecanismo de revocación de mandato, que podría realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028. De concretarse en 2027, la presidenta tendría la posibilidad de realizar una campaña para defender su permanencia en el cargo. Además, se plantea mantener la elección judicial en 2027, con el objetivo de concentrar procesos y reducir costos operativos.
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre ellas el establecimiento de topes salariales para funcionarios electorales, el uso de tecnologías para mejorar la fiscalización, el inicio anticipado de cómputos electorales y la obligación de partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real. Asimismo, se prohíbe el uso de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo y financiamiento extranjero.
En el ámbito local, el Plan B propone la reducción de regidurías en municipios, ajustes al presupuesto de congresos estatales y la eliminación de prestaciones adicionales para funcionarios electorales. Los recursos obtenidos por estas medidas serían destinados a proyectos de infraestructura. Finalmente, la reforma incluye nuevas reglas para partidos políticos, con mayores controles en el manejo de recursos y sanciones más estrictas por irregularidades financieras.
