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En una acción contundente contra la corrupción y el desvío de hidrocarburos, el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, detuvo a 14 personas, entre ellas un vicealmirante en activo de la Marina y sobrino político del exsecretario de la dependencia, Rafael Ojeda Durán, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”.
Los operativos se realizaron en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, e incluyeron a:
Manuel Roberto Farías Laguna: vicealmirante en activo y sobrino político de Rafael Ojeda. Fue comandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta.
Fernando Farías Laguna: contraalmirante y hermano de Manuel Roberto.
Cinco marinos más, activos y retirados.
Tres empresarios presuntamente responsables de la comercialización ilegal del combustible.
Cinco exfuncionarios de aduanas, entre ellos Francisco Antonio Martínez, exdirector de Administración de la Aduana de Tampico.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, explicó que la investigación comenzó hace casi dos años a petición del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Ojeda denunció irregularidades en diversas áreas de la Armada y pidió que se investigara a todo su personal, sin importar parentescos ni rangos, allanando el camino para capturas que incluyeron familiares políticos.
La red utilizaba un esquema sofisticado de evasión fiscal:
Importación fraudulenta: se importaba diésel desde Estados Unidos, declarado falsamente como “sustancia para procesar y reexportar”, lo que permitía la importación temporal sin pagar impuestos.
Engaño aduanal: el combustible era vendido ilegalmente en el mercado nacional, en lugar de ser exportado.
Ganancias millonarias: con documentos falsos y complicidad de funcionarios, la red obtenía beneficios económicos millonarios.
El punto clave fue el decomiso en marzo pasado del buque tanque “Challenge Procyon” en Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel, 190 contenedores y vehículos, lo que proporcionó evidencia crucial para desmantelar la red.
Con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT, se logró:
Rastrear operaciones financieras ilícitas.
Bloquear 20 cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas.
Asegurar propiedades y vehículos por cientos de millones de pesos.
Sheinbaum enfatizó su compromiso de “Cero Impunidad”, advirtiendo que las investigaciones continuarán “tope hasta donde tope”. Además, se prohibió la importación temporal de sustancias usadas en el fraude.
El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, afirmó: “No podemos ser tibios en este tipo de actos… en la Marina la ley es para todos”. La institución reafirmó su política de cero tolerancia a malas prácticas y honró a quienes actúan con “honor, deber, lealtad y patriotismo”.
El fiscal Gertz Manero indicó que hay más personas prófugas y que se emitirán nuevas órdenes de aprehensión. La investigación, con cooperación de autoridades estadounidenses, continúa para detener a todos los involucrados en esta red que afectaba las finanzas públicas y la seguridad energética del país.
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