Ciudad Juárez, Chihuahua.- En respuesta a la intensa actividad mediática y a las múltiples reacciones generadas a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha fijado una postura oficial respecto a los requerimientos legales emitidos recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR) dirigidos a los mandatarios de las entidades de Chihuahua y Sinaloa.
A través de un comunicado formal, la dependencia del gobierno federal aclaró de manera puntual la naturaleza de estos citatorios. La institución precisó que las notificaciones forman parte de procedimientos vinculados a diversas investigaciones que se encuentran actualmente en curso, detallando expresamente que las autoridades convocadas deberán presentarse ante las instancias judiciales únicamente bajo la calidad jurídica de testigos.
Esta aclaración por parte del Ejecutivo federal surge tras un escenario de creciente discusión y confrontación en la esfera política, detonado luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmaran de manera pública haber sido notificados por la autoridad ministerial. El suceso provocó de inmediato un debate sobre el uso de las instituciones en el país.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación hizo especial énfasis en recordar que la Fiscalía General de la República opera como un órgano constitucional autónomo. En ese sentido, la dependencia sostuvo que las actuaciones y procedimientos ministeriales de la FGR deben desarrollarse con estricto apego a la ley, garantizando la ausencia de intereses o presiones de índole partidista. Con este pronunciamiento, la federación busca mitigar las interpretaciones y señalamientos de persecución vertidos por diversos actores políticos en las últimas horas.
