CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. – Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las personas en situación de movilidad expresaron su rechazo ante las condiciones en que se dio el relevo en la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM), señalando que el proceso penal en contra del excomisionado Francisco Garduño Yáñez ha estado cobijado por la impunidad.
Los colectivos de la sociedad civil denunciaron de manera reiterada que Garduño Yáñez presuntamente utilizó recursos de carácter público para cumplir con las medidas cautelares que le impuso la justicia federal, tales como los traslados quincenales a esta frontera para plasmar su firma en el libro de juzgados. Asimismo, criticaron que durante las etapas del juicio se restringió de manera sistemática la participación y el acompañamiento de las organizaciones civiles que buscaban la representación jurídica y el apoyo a las víctimas sobrevivientes.
Los activistas puntualizaron que, hasta la fecha, no se ha consolidado una reparación integral del daño para los afectados de la tragedia del centro migratorio. Manifestaron que las indemnizaciones entregadas a los deudos consistieron únicamente en compensaciones económicas solventadas con el erario por parte de la Federación, evadiendo una verdadera justicia que castigue las omisiones administrativas.
Finalmente, los representantes de los derechos humanos calificaron como un agravio el reciente nombramiento de Garduño Yáñez dentro de la administración pública federal, donde asumirá la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aseveraron que este movimiento institucional representa un acto que perpetúa la impunidad en el país ante violaciones graves a las garantías individuales de la población migrante.
