Ciudad de México.– Aunque la ley mexicana no prohíbe tener grandes sumas de dinero en efectivo en el hogar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede generar alertas o iniciar auditorías cuando detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros relacionados con efectivo.
No existe un monto máximo legal para la cantidad de dinero en efectivo que una persona puede conservar en su domicilio; sin embargo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece límites que, al ser rebasados sin una justificación adecuada, pueden activar revisiones fiscales tanto para personas físicas como morales.
Los bancos tienen la obligación de reportar al SAT cualquier depósito en efectivo que supere los 15,000 pesos mensuales, independientemente del tipo de cuenta. En caso de no poder acreditar el origen legal de esos recursos, el contribuyente podría ser sujeto a auditorías para verificar posibles irregularidades.
Asimismo, la LFPIORPI establece límites en el uso de efectivo para diversas operaciones. Por ejemplo, para la compra de inmuebles, el límite es de 8,025 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 871,274 pesos mexicanos. En la adquisición de vehículos, joyería, obras de arte y metales preciosos, el tope permitido es de 3,210 UMA, cerca de 348,510 pesos.
Exceder estos límites sin la documentación o justificación correspondiente puede derivar en sanciones y dificultades para acceder a servicios financieros como créditos o financiamiento, ya que las instituciones requieren historial comprobable de ingresos y egresos.
El SAT recomienda que quienes manejen grandes cantidades de efectivo integren estos recursos al sistema financiero de manera legal, mediante declaraciones fiscales precisas y el uso preferente de medios electrónicos para operaciones relevantes, con el fin de evitar inconvenientes legales y fiscales.
