Ciudad de México.— Un Tribunal Colegiado admitió el recurso de revisión promovido por Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, luego de que una jueza dejara sin efecto el amparo con el que buscaba obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) a devolverle diversos inmuebles asegurados desde hace más de una década.
La sobrina del histórico capo Miguel Ángel Félix Gallardo reclama desde 2014 tres propiedades ubicadas en el condominio Puente Cuadritos 18, en la colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras. En octubre pasado, la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, sobreseyó el amparo al considerar que la FGR ya había ordenado levantar el aseguramiento de los inmuebles señalados.
De acuerdo con la sentencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud emitió en julio un oficio al Centro Federal de Inteligencia Criminal solicitando la liberación de los bienes identificados como números 5, 6 y 35 del condominio. Sin embargo, Ávila Beltrán impugnó la resolución al afirmar que la Fiscalía no ha cumplido con la entrega efectiva de las propiedades, pese a que esta restitución fue ordenada originalmente en 2014 y ratificada nuevamente en junio de este año.
Desde que recuperó su libertad en 2015, tras haber sido detenida en 2007 por sus presuntos vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada y el Cártel del Valle del Norte de Colombia, Ávila Beltrán ha emprendido distintos procesos legales para recuperar bienes asegurados por la entonces Procuraduría General de la República. Entre las propiedades y objetos ya restituidos se encuentran una casa en Hermosillo, Sonora, y al menos 10 millones de pesos en joyas aseguradas durante cateos.
Investigaciones de la PGR y la DEA señalan que Ávila Beltrán posee un marcado gusto por diamantes, relojería fina y joyería de alto valor, artículos que le fueron confiscados durante su proceso penal.
Con la admisión del recurso, corresponderá ahora al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinar si la FGR ha incurrido en omisiones y si deberá ejecutar de inmediato la entrega de los inmuebles reclamados.