Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un juez federal ordenó la reapertura del expediente penal conocido como “27M”, relacionado con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, tragedia en la que murieron 40 personas migrantes y decenas más resultaron lesionadas. La resolución judicial deja sin efecto el cierre administrativo que había determinado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto al seguimiento de la recomendación emitida por estos hechos.
Con este fallo, la CNDH deberá retomar las acciones de seguimiento y cumplimiento derivadas de la recomendación relacionada con el caso, además de mantener coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La decisión representa un nuevo paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares, quienes durante más de tres años han denunciado retrasos e irregularidades en el proceso.
El caso ha estado rodeado de cuestionamientos desde sus primeras etapas. Entre ellos, las críticas por la permanencia de Francisco Garduño al frente del INM durante un largo periodo posterior a la tragedia, así como señalamientos sobre presuntas anomalías en algunas de las detenciones iniciales realizadas tras el incendio. También han persistido denuncias históricas relacionadas con posibles actos de corrupción y supuestos vínculos de funcionarios migratorios con redes dedicadas al tráfico de personas.
Asimismo, sobrevivientes y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que antes del siniestro existían presuntos esquemas de extorsión dentro de la estación migratoria. De acuerdo con testimonios recabados tras la tragedia, algunos migrantes eran retenidos mientras familiares buscaban recursos para pagar sobornos a cambio de su liberación. Al momento del incendio, el área de detención albergaba únicamente a hombres, en su mayoría originarios de Guatemala, Venezuela y El Salvador, quienes quedaron atrapados cuando el fuego se propagó y las puertas permanecieron cerradas. Diversas investigaciones periodísticas han documentado además condiciones deficientes en las instalaciones y presuntas omisiones que habrían contribuido a la magnitud de la tragedia.
La reapertura del expediente reaviva uno de los casos más sensibles en materia de derechos humanos y política migratoria en México, mientras familiares de las víctimas y organizaciones civiles continúan exigiendo que se determinen responsabilidades y se garantice el acceso pleno a la justicia.
