MÉXICO.— Intentar regresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado puede constituir un delito federal y ocasionar penas de prisión, además de una nueva expulsión del país, advirtió la Embajada estadounidense en México.
De acuerdo con información difundida por la representación diplomática, una persona que reingrese sin autorización después de una deportación puede enfrentar hasta dos años de cárcel.
La sanción podría aumentar hasta 10 años cuando la deportación ocurrió después de la comisión de un delito grave. La pena puede alcanzar 20 años si la expulsión fue consecuencia de una condena por un delito grave con circunstancias agravantes.
“Reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de una deportación es un delito federal y puede resultar en prisión, además de una nueva remoción del país”, señaló la Embajada.
La oficina diplomática también pidió no tomar como referencia publicaciones en redes sociales que presentan el regreso después de una deportación como una acción permitida o sin consecuencias legales.
¿Es posible regresar legalmente?
Una deportación no necesariamente impide de forma permanente volver a Estados Unidos. Sin embargo, la posibilidad de solicitar nuevamente la admisión depende de las circunstancias de cada persona, las causas de inadmisibilidad aplicables y el tiempo transcurrido desde la expulsión.
En determinados casos puede requerirse una autorización antes de solicitar el ingreso. Para una visa de no inmigrante, el procedimiento general incluye identificar la categoría correspondiente, completar el formulario DS-160, cubrir la tarifa y acudir a las citas consulares requeridas.
La Embajada indica que la tarifa para la mayoría de las visas de no inmigrante, incluidas las B1/B2 de turismo y negocios, es de 185 dólares. Obtener una visa no garantiza la entrada: la decisión final corresponde a las autoridades migratorias en el puerto de ingreso.
Según cifras atribuidas al Departamento de Seguridad Nacional, más de 675 mil personas fueron deportadas durante el primer año de la segunda administración de Donald Trump, mientras alrededor de 2.2 millones habrían salido voluntariamente.
