Ciudad de México. El huachicol fiscal se ha convertido en uno de los principales mecanismos de evasión de impuestos y contrabando de combustibles que enfrentan las autoridades mexicanas. A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en el robo de gasolina y diésel de los ductos de Pemex, este esquema se basa en la declaración falsa de mercancías durante la importación, con el objetivo de pagar menos impuestos y derechos aduaneros.
El tema volvió a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación sobre un presunto esquema relacionado con la empresa Ingemar, en el que también es mencionado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto con otras personas. Hasta el momento, las indagatorias continúan y serán las autoridades quienes determinen si existen responsabilidades legales.
De acuerdo con el doctor Ramón Ignacio Cabrera León, especialista en derecho fiscal, constitucional y prevención de lavado de dinero, existen diversos modelos de huachicol fiscal. Uno de los más conocidos consiste en importar gasolina o diésel mediante buques tanque, pero declarar ante las aduanas que la carga corresponde a lubricantes, aceites o aditivos, productos que pagan una carga tributaria considerablemente menor. De esta forma, los importadores reducen el monto de las contribuciones que legalmente deberían cubrir.
Respecto al caso que actualmente investiga la FGR, el especialista explicó que el mecanismo presuntamente era distinto. Según lo expuesto, el combustible ingresaba al país por ferrocarril, pero en la documentación aduanera únicamente se reportaba alrededor del 10% del volumen transportado, cuando los vagones llegaban prácticamente llenos. Esto habría permitido pagar impuestos solo por una fracción del combustible realmente importado, mientras el resto ingresaba sin cubrir las contribuciones correspondientes.
El experto señaló que el Código Fiscal de la Federación considera contrabando la introducción de mercancías al país pagando menos contribuciones de las que establece la ley. Además, existe una presunción de este delito cuando la cantidad declarada de mercancía es inferior a la que realmente fue importada. No obstante, aclaró que para imputar responsabilidades a los socios de una empresa no basta con demostrar que forman parte de ella, sino que la autoridad debe acreditar que tuvieron conocimiento, participación o intervención en el presunto esquema ilícito.
Asimismo, indicó que una operación de esta naturaleza difícilmente podría funcionar sin la participación de diversos actores, entre ellos importadores, representantes legales, agentes aduanales, transportistas e incluso, de comprobarse, funcionarios encargados de supervisar las operaciones aduaneras. Agregó que las empresas comercializadoras de combustibles están obligadas a mantener controles volumétricos que permitan verificar la cantidad de combustible que compran, importan y venden. Por ahora, las investigaciones continúan y será la FGR la encargada de determinar si existen elementos suficientes para ejercer acciones penales contra los involucrados.
