Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una fuerte controversia institucional se desató tras las declaraciones de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien criticó severamente la resolución de un juez federal que otorgó la libertad al propietario del crematorio “Plenitud”, José Luis Arellano Cuarón. Este fallo judicial ha puesto bajo el escrutinio público las recientes modificaciones en el sistema de selección de juzgadores en la entidad.
La situa.ción jurídica cobra relevancia al cumplirse prácticamente un año desde el impactante hallazgo de 384 cuerpos amontonados en las instalaciones de la citada empresa fúnebre, cuyos familiares recibieron cenizas que presuntamente no correspondían a sus seres queridos. La mandataria estatal calificó la liberación como una falla grave en la impartición de justicia, revelando además que, tras obtener este beneficio procesal, el imputado huyó del país para evadir sus responsabilidades legales.
El caso mantiene abiertas diversas carpetas de investigación por las irregularidades sanitarias y los presuntos delitos cometidos contra el respeto a los difuntos. Paralelamente, las autoridades emitieron un llamado urgente a la ciudadanía, debido a que todavía restan poco más de cien cuerpos por identificar en los laboratorios forenses, solicitando a las familias afectadas que se acerquen a las instancias correspondientes para aportar muestras de ADN y concluir con los peritajes de muer.te.
La titular del ejecutivo vinculó directamente esta polémica liberación con la entrada de magistrados y jueces que carecen de una carrera judicial consolidada dentro del nuevo modelo de elección. Mientras los colectivos ciudadanos expresan su desmotivación ante la aparente impunidad, la Fiscalía General del Estado mantiene las indagatorias vigentes por este suceso que consternó a la comunidad juarense, mientras se gestionan los mecanismos internacionales para localizar al implicado.
