Estados Unidos.– A más de cinco años del altercado vial que culminó con la muerte de Juan Ricardo Hernández, ciudadano cubano de 63 años, el caso en el que se vio involucrado el actor mexicano Pablo Lyle ha retomado notoriedad pública, ahora en el ámbito civil. Aunque el actor cumple una condena de cinco años de prisión desde 2023 por homicidio involuntario, enfrenta una nueva demanda interpuesta por la familia del fallecido.
Según información del programa Despierta América y del diario El Universal, en 2024 el hijo de Hernández promovió una acción legal civil contra Lyle con el objetivo de obtener una compensación económica por los daños derivados del incidente ocurrido en marzo de 2019 en Miami, Florida.
Demandado por gastos e indemnización
La demanda incluye el reembolso de los gastos funerarios, los servicios de atención psicológica para los familiares, así como una indemnización económica por la pérdida de ingresos que, según los demandantes, habría afectado directamente a la esposa del fallecido.
El monto solicitado podría situarse entre 1 y 5 millones de dólares, es decir, entre 18 y 93 millones de pesos mexicanos, aproximadamente. La cifra definitiva dependerá de la valoración que haga el tribunal sobre la magnitud de los daños sufridos y de la capacidad económica del actor para asumir una posible reparación.
Antecedentes penales del caso
Cabe recordar que el 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández durante una discusión vehicular. El hombre cayó al suelo y, días después, falleció a causa de la lesión. En octubre de 2022, un jurado declaró culpable al actor del delito de homicidio involuntario, y en febrero de 2023 se dictó su sentencia formal.
El nuevo proceso civil se desarrolla de forma paralela a la causa penal por la que ya fue condenado.
Próxima audiencia: 31 de julio
La primera audiencia de este nuevo proceso estaba originalmente programada para junio de 2025, pero fue pospuesta debido a la inasistencia de la defensa legal de Lyle. Posteriormente, la renuncia del abogado que representaba a la familia Hernández generó un nuevo aplazamiento.
La siguiente fecha establecida por el tribunal es el 31 de julio de 2025, cuando la corte evaluará si los daños alegados pueden ser acreditados legalmente y si Pablo Lyle cuenta con los recursos suficientes para responder a las exigencias de los demandantes.
