La propuesta incluida en el paquete económico 2026 para aumentar la retención del impuesto al ahorro de 0.5% a 0.9% ha generado fuertes críticas entre especialistas financieros y organizaciones empresariales.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), presidido por Gabriela Gutiérrez Mora, advirtió que hasta 48 millones de personas podrían resultar afectadas, en su mayoría trabajadores que no presentan declaración anual ante el SAT. Para ellos, este nuevo gravamen representaría una carga directa sobre sus ahorros, ya que no tendrían forma de acreditarlo.
En México, cerca de 33 millones de trabajadores forman parte de la economía informal y otros 15 millones no alcanzan el umbral de ingresos (400 mil pesos anuales) que obliga a declarar. En consecuencia, el impacto de este impuesto recaería sobre los sectores más vulnerables, con una retención efectiva cercana al 1% de sus ahorros.
Expertos advierten que la medida podría desincentivar la bancarización y la inclusión financiera, en un país donde el uso del efectivo sigue siendo dominante. Incluso plataformas diseñadas para democratizar la inversión, como CETES Directo, se verían afectadas, al igual que los pequeños inversionistas.
El paquete económico también contempla eliminar la deducción de créditos incobrables, lo que podría complicar la colocación de crédito para pequeñas y medianas empresas.
Si bien el gobierno justifica el aumento como un esfuerzo para fortalecer la recaudación en un contexto de presión fiscal y necesidades sociales, analistas lo califican como una decisión regresiva. Lejos de incentivar el ahorro formal, podría empujar a millones de mexicanos hacia esquemas informales o al desahorro.
