México.- El PRI en la Cámara de Diputados presentó su propia propuesta de reforma eléctrica, en la que coincide con la iniciativa presidencial en no reconocer el autoabastecimiento fuera de la ley, otorgar el abastecimiento exclusivo de energía a la CFE, así como la ejecución de la transición energética; sin embargo, no restringe a un porcentaje la participación del sector privado.
La iniciativa, presentada este jueves por el priista Marco Antonio Mendoza, también propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorporé a la CFE, incluyendo sus atribuciones, al igual que lo planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto a la adquisición de energía, propone que los órganos reguladores serán los encargados de establecer las modalidades de los contratos que sean necesarios, en contraste con la iniciativa del Ejecutivo que acota la participación privada a un 46 por ciento.
Sin embargo, replica textualmente la propuesta de no reconocer el autoabastecimiento fuera de la ley:
“La generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron entregados en contra versión a lo establecido en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que constituye una ilegalidad, no será reconocida, ni adquirida por la CFE. Igualmente, la generación excedente de los productores independientes de energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocida”, expone en un artículo transitorio.
Otra de las coincidencias consiste en no otorgar concesiones cuando se trate del litio y otros minerales estratégicos.
A su vez, la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mantiene a la CFE como una empresa productiva, no como un organismo del Estado.
Al igual que la iniciativa del Ejecutivo, plantea que la CFE quede a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico, cumplimiento con criterios de confiabilidad, continuidad y rentabilidad.
Entre las nuevas propuestas, la iniciativa del PRI establece que para la transición energética “el Estado podrá otorgar concesiones o contratos con particulares siempre que se trátate de energías limpias, sostenibles que atientan al derecho de un medio ambiente sano y permitan garantizar el derecho humano a la energía”.
Además, incorpora en el artículo 25 que «el Estado garantizará la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos y promoverá el abasto de la misma bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad».
Con información de Record
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